Por: Benjamín Santos
Estamos en la etapa final del proceso que conduce a la integración de la nueva institucionalidad electoral. Sabemos que la etapa previa estuvo oscurecida por la fuerte confrontación entre el gobierno y su partido con la oposición. De esa etapa solo nos queda el deseo de que no se vuelva a repetir, porque la institucionalidad política cuyos órganos más visibles son los partidos políticos, está integrada por la Presidencia de la República y el Congreso Nacional. Lo que vuelve políticos a los partidos es su vinculación con el proceso que conduce a la integración de esas dos instituciones que en el sistema son políticas porque representan y actúan en nombre de la polis, la comunidad nacional. Hay que politizar lo más que se pueda a las dos instituciones mencionadas para que representen y actúen en función de la comunidad nacional, pero cada uno de los partidos solo representa a una parte que en un sistema democrático solo se vuelve representante del todo cuando gana en debida forma las elecciones, pero desde ese momento deja de ser un partido para representar al todo mediante el gobierno.
Afortunadamente los partidos políticos representados en el Congreso encontraron la forma para que ese espacio institucional dejara de ser un campo de batalla para recuperar su naturaleza propia como una institución que toma decisiones en el marco de la ley y mediante el debate respetuoso. Dejó de ser un manicomio político para recuperar la majestuosidad cívica que siempre ha tenido. La polarización se daba, porque el principal partido de oposición (que nunca aprendió a canalizar sus aspiraciones por la vía institucional) quería que se nombraran los integrantes de los nuevos órganos electorales sin más trámite que cada partido nombrara a sus representantes y el partido de gobierno pedía se aprobara primero la ley respectiva. Al final acordaron separar el trámite de nombramiento en una ley especial y ponerla en vigencia antes que se discuta y apruebe la ley general. Solución salomónica que pudieron haber negociado sin tanto escándalo. En consecuencia y tal como se contempla en la ley respectiva el nuevo sistema electoral será bio-orgánico, es decir que estará integrado por dos órganos, el Consejo y el Tribunal de Justicia Electoral. El primero, es decir el Consejo, tendrá en esencia las mismas funciones del desaparecido Tribunal Supremo Electoral cuyo modelo había sido copiado de Costa Rica con la única diferencia de que allá hay una vinculación estructural entre el tribunal y el registro de las personas que aquí no funcionó por la manipulación sectaria de uno sobre otro, del Tribunal sobre el Registro.
El nuevo sistema será diferente por el papel que le corresponde al Tribunal de Justicia Electoral que de alguna manera tendrá a su cargo la solución jurídico-política de los conflictos que se deriven del proceso administrativo electoral que corresponderá al Consejo. Ambos órganos serán integrados por personas elegidas por el Congreso Nacional, pero que en la realidad pertenecerán a los tres partidos que tienen mayoría electoral y de diputados en el Congreso. Para algunos críticos es la misma mica en distinta rama y que de ninguna manera será un cambio substancial en el sistema electoral. Sería una ilusión, sin embargo, que los integrantes de esos órganos fueran partidariamente neutros, es decir sin pertenecer o simpatizar con un partido político. Ya se intentó copiando el modelo de TSE existente en Costa Rica cuyos magistrados necesitan no pertenecer ni haber pertenecido a un partido. Aquí no fue posible porque el sectarismo aquí es una enfermedad cultural difícil de erradicar.
¿A qué podemos aspirar en nuestro contexto sociocultural? Pienso que nos debemos de limitar a que los miembros del Consejo Electoral conserven el grado de sectarismo necesario para defender los votos de su partido, pero que los magistrados del órgano de justicia electoral, aunque tengan y se conozca su afiliación partidaria, traten de mantener la independencia y la ecuanimidad de un juez? Un sectario en un órgano de justicia no debería tener cabida. En el sistema anterior el mismo Tribunal Supremo Electoral administraba el proceso y resolvía las situaciones conflictivas. Si alguna de las partes (candidatos o partidos) estaba inconforme acudía a la Corte Suprema de Justicia mediante los recursos a su disposición. Se espera que los magistrados electorales sean independientes y ecuánimes. Amén.
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