El Tribunal de Sentencia con competencia nacional territorial en materia de corrupción declaró culpable al expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olvin Mejía Santos, por el delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión del Profesional de Derecho a título de autor.
Asimismo, por el delito de de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión del Profesional de Derecho a título de autor, los jueces por unanimidad de votos encontraron culpable al exgerente general Josué Argeñal.
Los antes mencionados podrían enfrentar una pena entre ocho y 16 años, más una multa igual al valor total de lo defraudado.
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Contra los Delitos Comunes (FEDCOM) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), logró en juicio oral y público demostrar la culpabilidad tanto del expresidente del CAH y del exgerente general del Instituto de previsión, al igual que a la de los demás encausados Pastor Eliut Valladares, Oscar Reynaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares y Rossel Arturo Euraque López, fueron encontrados culpables por el delito de apoderamiento de fondos privados a título de cómplices, con una pena que podría oscilar entre cuatro y ocho años de prisión.
Este caso es la primera línea de investigación que se presentó por corrupción en ese instituto de previsión e inicialmente el MP acusó por un concurso real de 191 delitos de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, no obstante ante el criterio técnico del Tribunal, se analizará una eventual interposición del Recurso de Casación.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción condenó además al auditor interno Héctor Rodolfo Andino Maldonado, por el delito de apoderamiento de fondos privados de jubilaciones y pensiones, a título de cómplice necesario.
ABSUELTO
En lo que respecta al encausado Roberto Andrés Romero quien laboraba como motorista para el exgerente del Instituto de Previsión, fue absuelto de todos los cargos por parte del tribunal porque consideraron que actuó sin tener conocimiento de lo que hacía al cambiar los cheques que en este caso le ordenaba que cambiara Argeñal.
Según los antecedentes del caso, los agentes de tribunales presentaron requerimiento fiscal una vez que se concluyeron las investigaciones por parte de la agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, por las denuncias interpuestas ante sede fiscal, en el sentido que, los arriba descritos asumiendo diferentes posiciones dentro y fuera del Colegio, incurrieron en una serie de acciones dolosas en relación al manejo administrativo y financiero del Instituto de Previsión Social de Profesionales del Derecho, específicamente en lo relativo al seguro por muerte y otros beneficios de los afiliados, irregularidades detectadas a partir de una auditoría practicada en el año 2013.
Por decisión fiscal y dadas las denuncias formalizadas posterior a la práctica de la auditoría, se investigaron las juntas directivas del colegio en mención correspondientes a los periodos 2008-2010, 2010-2012.
De la investigación hecha por el MP se pudo establecer para el caso, que personas ajenas, no causantes de agremiados, recibieron o se beneficiaron con el pago de cheques por seguro de muerte.
Según la pericia financiera, bajo procedimientos fraudulentos y en este orden de ideas se produjo un perjuicio de treinta millones, 255 mil, 807 lempiras con 35 centavos al patrimonio del Instituto de Previsión de Profesionales del Derecho en sumatoria de las dos administraciones investigadas tanto la del extinto presidente del CAH, Oscar García, y Olvin Mejía.
Por este caso, el MP aseguró una gran cantidad de bienes considerados de origen ilícito a los implicados, entre ellos los de García, otro de los que según el tribunal de sentencia junto con Argeñal utilizaron esa misma manera fraudulenta para cobrar alrededor de 5 millones 133 mil 889 lempiras en perjuicio del instituto de previsión.
