Por Juan Ramón Martínez
La decisión de integrar los órganos electorales, es fruto de un acuerdo político. Que creará el necesario espacio de confianza, sin el cual, no podemos encaminarnos a las próximas elecciones generales. Por manera que, no hay que pedir perfecciones, formalidades burocráticas; ni esperar algo más que es, lo importante: crear confianza entre los actores políticos, para que los futuros procesos electorales, aunque tengan ajustados resultados, sean aceptados, cualquiera que estos sean. Sin esa confianza, en la que Libre obtiene participación junto al Partido Nacional y el Partido Liberal en la dirección de los órganos electorales, no podemos remontar la crisis de inestabilidad actual. De forma, que pedir más, es una ingenuidad. O una falta de respeto a los partidos.
Hay que entender que, los que en disimulada representación partidaria, estarán al frente de los órganos electorales, tienen que gozar de la confianza de los partidos. Está bien que Orlando Zelaya, se equivoque y no pueda leer la realidad; pero nunca menospreciar a los partidos que, son fundamentales para la vida democrática. La tranquilidad solo se logrará cuando, los integrantes de los órganos electorales sean personas de confianza, que den seguridad a las cúpulas de los tres partidos políticos más grandes. Si ASJ, cree que puede obviar esta realidad y con arrogancia, menospreciar a los partidos y descalificar sus acuerdos, además de un irrespeto, es un error imperdonable que da la impresión que no quieren que salgamos de la crisis actual, porque viven de ella. Rivera y Hernández, no están sobre los diputados y los líderes políticos. No pueden ordenarles como si fueran los dueños de Honduras, hacer algo diferente de lo que están haciendo. Porque irrespetan la soberanía popular y no pueden, nunca, suplantar la voluntad ciudadana que está por encima de una entidad civil, cuya legitimidad, la determinan respaldos externos y no el pueblo hondureño.
ASJ, prevalida de esos respaldos, pasa por alto el valor que tiene que recobrar la confianza, en la estabilización política del país. Necesaria, para después, dar el siguiente paso: construir la conexión entre el pueblo y los políticos. Y para lograrlo; ni el Congreso y mucho menos ASJ, tienen potestad para asumir liderazgos en esta cuestión.
Cuando se discuta la Ley Electoral, hay que presionar para que los partidos, dejen de ser propiedad de los caudillos y se transformen en entidades democráticas donde las decisiones sean fruto de la voluntad de sus miembros. Esto es fundamental. Significa que, hay que dejar que los partidos concluyan la repartición de los cargos en los órganos electorales, porque es el precio a pagar para crear un clima que, permita procesos tranquilos, ordenados, de conformidad con la ley. Y, pasar a la fase siguiente. En este momento, no hay más que esperar que se consumen los acuerdos pactados. Creer que podemos alterar los procesos de elección de integrantes de los órganos electorales, irrespetando acuerdos de los partidos enfrentados, es una estupidez. Y con estupideces, no le serviremos a Honduras. Por ello, ahora, hablar despectivamente de repartición de pasteles, con una autoridad que no tiene ASJ, no ayuda al fortalecimiento de la frágil democracia. Debemos aceptar, con el mayor realismo, que no se puede ir más rápido. Y con la mayor tranquilidad, aprovechar la calma producida, para promover reformas democráticas, más allá de las formalidades usadas por las cúpulas partidarias para darse mutua confianza.
En consecuencia, antes que perder el tiempo en formalismos, o descalificando los acuerdos partidarios, exigiéndole al Congreso que haga cosas diferentes que las pactadas, hay que construir puentes de comunicación entre los políticos y los electores, para que sean estos –y no la sociedad civil que nadie ha elegido– los que aumenten su poder, participando activamente, sin limitaciones arbitrarias, en la dirección de los partidos políticos. Logro que con los caudillos que los dirigen, no será una tarea fácil. Requerimos democratizar la Ley Electoral y, construir una conciencia política crítica, por medio de cambios en la educación cívica de la población, para que pase de peones en procesos interpartidarios, a ciudadanos electores, competentes para imponer su voluntad y colocar a los partidos y a sus propietarios, al servicio del bien común. Si no educamos al pueblo, seguiremos como hasta ahora, permitiendo que la voluntad popular sea suplantada por los caudillos; o secuestrada, por los autonombrados dirigentes de la “sociedad civil”.