Los empresarios propondrán derogar el decreto que modificó el Artículo 57 de la Ley Marco de Protección Social donde se amplió indefinidamente el acceso de la Junta Intervenora del lnstituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a los fondos del régimen de Invalidez, Vejes y Muerte (IVM).
La postura sería planteada mañana en la reunión del Consejo Económico y Social (CES), donde están representados los tres sectores; privado, trabajor y gobierno, luego que de ser publicado el decreto en La Gaceta el mes anterior.
La representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) ante el CES, Tethey Martínez, adelantó ayer que “vamos a proponer que, en todo caso, este decreto se derogue y sea debidamente consensuado”.
“Nos tienen que dar los fundamentos técnicos, porque el Decreto lo que indica, es que hasta que tengamos una certificación actuarial de que el régimen de maternidad y enfermedad esté solvente, entonces, estos fondos regresarán al IVM”.
“Eso dudo que pase alguna vez. Como sector privado sentimos que están abriendo un hoyo enorme en Invalidez, Vejes y Muerte por atender otro tema a corto plazo como maternidad y enfermedad”, detalló Martínez.
La presidencia del CES es rotatoria y en este momento la obstenta el sector obrero, por medio del dirigente, Hilario Espinoza. Representantes de los trabajadores de la zona norte acuerpan la posición de los empresarios.
Ambas partes plantean que al no haberse discutido ni consensuado a lo interno del CES, como lo ordena la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debe derogarse este decreto que amplió indefinidamente el acceso de la junta interventora a los fondos de IVM para fortalecer el régimen de enfermedad y maternidad que representa un 3 por ciento financiado por por trabajadores y patrono en partes iguales.
Los interventores del IHSS explicaron ayer en un foro de televisión que con el decreto no se trasladan fondos, sin embargo, aceptan que se trata de una ampliación que tendrá un punto final cuando se constate que el régimen de maternidad y enfermedad ya no necesita más soporte financiero del IVM o protección social.
No obstante, Vilma Morales, Germán Leitzelar y Carlos Salinas se mostraron anuentes a conversar con el sector privado los alcances de esta decisión que se tomó a lo interno del Congreso Nacional donde se amplió el acceso al terminar en 2018 un tiempo de 36 meses que se hizo en 2015. (JB)
| Cohep se opone a cambios aprobados sin consenso |
 El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, se opuso de manera rotunda a lo aprobado en el Congreso Nacional respecto a la reforma del artículo 57 de la Ley Marco de Protección Social del IHSS, sin haber sido consensuadas en el Consejo Económico y Social (CES). «Teníamos un compromiso, habíamos dicho que todo lo íbamos a llevar en consenso, pero hoy no podemos apoyar lo que hizo indebidamente el ministro de Trabajo (Carlos Madero) con la aprobación del Decreto Legislativo 106-2018, no culpamos al Congreso Nacional», aseguró Urtecho. Para el director ejecutivo de Cohep, «puede ser que tenga muy buenas intensiones dicho decreto, que no lo creemos tampoco, porque los beneficios y planes del Programa Servicio de Protección Social no los van a resolver en el Seguro Social , sino que será el consejo de ministro, de tal manera que todo esto se politizó”, dijo Urtecho. |
| Técnicos de CNBS miden impacto sobre pensiones |
 La existencia de este decreto también agarró por sorpresa al ente regulador del sistema financiero, que a su vez, tiene la misión de supervisar el manejo responsable de los fondos de pensiones en Honduras. El superintendente de pensiones de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Rigoberto Osorto, explicó que hasta esta semana se enteraron de este decreto, donde se estipulan los cambios a la Ley Marco de Protección Social. Al enterarse la “Comisión mandó un grupo de personas a la institución (IHSS) para verificar que realmente hacia donde está orientada esta reforma que se quiera hacer con los recursos que se van a obtener”. El equipo de la CNBS también analizará “los impactos actuariales que pudiera generar el no ingreso de estos recursos al Régimen de Previsión Social como lo establece la Ley Marco”. Osorto argumentó que este escrutinio se basa en la Ley de la CNBS donde se “establece que tiene la responsabilidad de supervisar”. “Una vez que sale este decreto del Congreso Nacional, es una ley que nosotros tenemos que verificar su cumplimiento”. Explicó a la vez que estos de darse un déficit por esta ampliación, sería de largo plazo y si a una institución se le sacan fondos, al final se tendrá un impacto en las operaciones. Precisó que la supervisión se realiza por medio de la gerencia de riesgos del ente regulador “pero necesitamos una serie de informaciones, que es lo que están haciendo los muchachos del órgano técnico ahora en el Seguro Social para nosotros empezar a hacer los análisis correspondientes y determinar el impacto que pueda tener en el déficit actual del régimen, que antes se denominada Invalidez, Vejes y Muerte ahora Previsión Social”. Los primeros resultados se estarían conociendo esta semana por parte de la CNBS, “pero dependemos del órgano técnico”, apuntó el superintendente de pensiones. El decreto ya está en revisión, dijo aparte la presidenta de la Comisión, Ethel Deras, para ver “las evaluaciones del impacto y en su oportunidad, cuando tengamos un resultado lo vamos a dar a conocer a quien debemos informar sobre este caso”. Aclaró que “mientras no tenga un respaldo actuarial” no se puede tener una idea de la magnitud de afectación de este decreto sobre los fondos de pensiones de los trabajadores que cotizan el IHSS. |