Por: Carolina Alduvín
Hace unos años, un brote del gorgojo descortezador del pino se presentó en muchos de nuestros bosques; curiosamente, al mismo tiempo, en los países vecinos, aparentemente tal plaga estaba bajo control. Se especulaba que habían sido los mismos profesionales forestales quienes lo habían iniciado, con el objetivo de ser llamados para controlarlo y así ganar jugosos contratos, pero que se les había salido de las manos. También se dijo que el fenómeno era de carácter cíclico y que el brote era normal, lo lamentable era que las instituciones responsables no se encontraran preparadas para hacerle frente. Si nunca lo están para enfrentar el dengue, qué podrían esperar los pinos…
Ante la emergencia, lo que se hizo fue tratar de impedir que se propagara a los árboles sanos, cortando o quemando los infectos, situación que de seguro dio paso a innumerables abusos para talar y quemar por todas partes con el pretexto antes mencionado. Quienes visitamos asiduamente la montaña de La Tigra y sus alrededores, vimos con enorme tristeza, cómo uno de sus mayores atractivos quedó arrasado; quedaba la esperanza de que volverían a crecer y el consuelo de haberse elegido el mal menor. No hemos escuchado de nuevos brotes, pero sí lo del carácter cíclico, no debe tardar mucho el siguiente…
Con respecto al Proyecto Bosques de Santa María, por el cual se han registrado protestas y represión esta misma semana; desde 2014, y a solicitud de la Inmobiliaria Santa María, se emitió un dictamen técnico que claramente señala que una parte del proyectado desarrollo se encuentra dentro de los límites de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional La Tigra. Por lo que los proyectistas plantean la opción de uso recreativo de carácter privado, o bien, viviendas en baja densidad, de acuerdo a las regulaciones del Plan de Manejo del Área Protegida.
El dictamen considera la segunda opción como no viable y enumera las razones técnicas y legales, entre ellas que el Plan de Manejo no permite proyectos habitacionales nuevos bajo ninguna circunstancia. Y que la cobertura arbórea del PNLT es vital para la seguridad del abastecimiento de agua para la ciudad capital y como frente de protección ante fenómenos del cambio climático drástico, que estamos experimentando recientemente. En el documento de evaluación ambiental, lo respectivo a hidrología superficial, identifica dos nacimientos de agua en la parte norte del terreno del proyecto residencial, ambos dentro de los límites del parque.
En resumen, el proyecto queda con una calificación de impacto moderado y los autores del estudio consideran viable la opción de desarrollar una obra no residencial sino ecoturística que contempla actividades científico-culturales, excursionismo, contemplación, preservación y regeneración del ecosistema y/o paisaje; también previo permiso de autoridad competente, cacería, recolección de vida silvestre, silvicultura, apicultura, prácticas agrosilvopastoriles, granjas cinegéticas, zoocriaderos y otras que autorice el Estado.
De acuerdo a lo anterior, se otorgó la Licencia Ambiental N° 001 – 2016 para lotificar 3 vecindarios con casi 1,900 lotes distribuidos en 133 bloques. Los capitalinos en general y los vecinos de las comunidades aledañas en particular se encuentran preocupados porque de una manera u otra, se va reduciendo la cobertura arbórea del área protegida de la que depende el suministro de agua. Sin embargo, fue hasta mayo del presente año que los ambientalistas que protestan contra este proyecto hicieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía del Ambiente.
Ahora se están llevando a cabo las respectivas investigaciones, y viendo el reportaje aparecido el martes en este mismo diario, la portavoz del Ministerio Público ha expresado que las obras continuarán porque los permisos existen. Que se tomarán su tiempo para determinar si hay o no imputaciones de tipo penal que efectuar, si las hubiese, señalar individuos responsables y sobre todo, si en efecto hay o no deterioro ambiental en la montaña de La Tigra. Lo que suena a que todo pasará sin que pase nada. Por tanto, los vecinos organizados deben exigir un espacio de participación en el control y seguimiento, con base a los principios de interés público, transparencia y acceso a la información, y el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que hay que vigilar y cuidar.