EL gobierno salvadoreño y la Secretaría General de la OEA convinieron la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES. Se estrenaría una vez la comisión técnica elabore las bases del convenio. No tienen porqué quebrarse mucho la cabeza, si ya hay punto de referencia. Solo es cosa de agarrar el convenio y sus protocolos suscritos con el gobierno hondureño para la instalación de la MACCIH, sustituyendo el nombre de uno por el otro país. La hondureña nació para aplacar, en su momento, el movimiento de las antorchas. En el vecino país el joven mandatario salvadoreño de entrada propuso un acuerdo con la ONU, para instalar algo parecido a la CICIG. Sin embargo, como en el camino se arreglan las cargas, redirigió la marcha y se fue a buscarla ya no al ente mundial sino al organismo hemisférico.
Las sombrillas esas se han puesto de moda. Escándalos de corrupción –que involucran la gestión del exgobernante pero también la revelación de supuestas cuentas en paraísos fiscales del actual– acrecientan la crítica al gobierno de Lenín Moreno. Le achacan que poco o nada ha hecho por enfrentar el flagelo. La divulgación de los “INA papers” fue lo que le costó a Julian Assange el asilo que disfrutó por varios años en la sede diplomática ecuatoriana, mientras esquivaba la extradición. Así que, siguiendo la misma ruta de los gobiernos huérfanos de credibilidad que ocupan la validación de instituciones fiscalizadoras de afuera, a las que la opinión pública acredita mayor confianza, Ecuador estrenó una comisión contra la impunidad, con una secretaría técnica dependiente de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD). Mientras, en Guatemala, ya de salida, el mandatario –blanco del temido fiscal colombiano que ha querido mandarlo de compañero de celda del “general mano dura”– dio por finalizado el mandato de la controversial comisión que funciona como sombrero de la Fiscalía. Hay que recordar que la CICIG llegó a Guatemala en el 2007, como parte de los tratados de paz, con la idea de combatir los cuerpos irregulares y aparatos clandestinos de seguridad que se formaron tras la guerra civil de 1960 a 1996. Su misión se enmarcaba, entonces, más en el ámbito de la protección de los derechos humanos, que las cuestiones de corrupción que ahora pareciera ser su enfoque exclusivo. Después de más de una década de funcionamiento –no exenta de escándalos internos además de los sonados casos de persecución de exjefes de Estado, empresarios y altos funcionarios– persiste la inquietud sobre ¿qué tanto se han fortalecido las instituciones fiscalizadoras guatemaltecas asistidas por el báculo que han tenido o si la injerencia internacional más bien ha conseguido hacerlas más dependientes?
Están los que imploran socorro, insistiendo que lo doméstico no es confiable, que nada camina sin refuerzos, por lo que el convenio debe renovarse. Pero también abundan los que celebran que el actual gobierno la haya clausurado mandándola a echar pulgas a otro lado. El político que acaba de ganar las elecciones –que purgó meses de cárcel cuando la CICIG le cayó encima– no tiene intención alguna que regrese. Suficiente dolor de cabeza la herencia que le deja su antecesor de “tercer país seguro”, más cuando POTUS no amaga con sanciones cuando se le cruzan en el camino. Aquí en Honduras el convenio de la MACCIH está en el proceso de evaluación a petición de gobierno hondureño. No hay indicios que la gestión de la benemérita Comisión no vaya a ser prorrogada –con luces del Twitter de la Embajada– “sin debilitar su mandato”. A propósito. En Guatemala a los que pierden no les dan chance ni de respirar. En las últimas horas fue detenida la excandidata presidencial guatemalteca, “acusada por el Ministerio Público (MP) de financiamiento electoral irregular y asociación ilícita, delitos que habría cometido durante su campaña electoral del 2015”.