ATENDIENDO el reclamo del amable público después del zafarrancho post electoral cuando la calle cuestionó tanto los resultados de las comicios como la confiabilidad de la autoridad que hizo la declaratoria de la elección –después de cumplir con la exigencia de observadores internacionales de desempacar y volver a contar votos de cientos de urnas cuestionadas– el país se percató que algo debía cambiar para que el próximo proceso electoral no sufriese el accidentado curso del anterior. Mayores dudas afloraron por lo apretado del resultado, aunque desde antes de practicarse las votaciones, ya la autoridad electoral era objeto de descalificación de las formaciones opositoras. Queriendo sofocar la inconformidad la ONU –siendo que localmente la poca autoestima dicte que hasta la confianza hay que pedirla prestada afuera– inició un proceso de diálogo probando reunir a los líderes de los partidos y del oficialismo para una revisión de lo sucedido, como sondear construir nuevas reglas del juego.
Aquello duró un año sin más consecuencia que rondas interminables de tanteo donde los actores principales del conflicto jamás se vieron las caras. Uno de los partidos, con diputados en el Congreso Nacional, jamás quiso ser parte de aquellas pláticas. Como de nada serviría acudir a las urnas con entes descalificados y leyes electorales cuestionadas, el Congreso Nacional –asistido por la OEA, ya que aquí no se puede hacer nada sin que de afuera intervengan– puso en marcha la propuesta de una nueva ley electoral. Sin embargo, la queja principal era que el TSE anterior no tenía representación de los principales partidos, generando sospechas de no imparcialidad. Después de mucho platicar, convinieron intervenir el RNP ensayando esa fórmula de equilibrio, con tal que los interventores cumplieran requisitos técnicos y no políticos. Se hicieron las reformas constitucionales para sustituir el vilipendiado TSE por un Consejo Nacional Electoral y, como novedad, el Tribunal de Justicia Electoral.
Aprobada la reforma constitucional, se requiere de una ley que desarrolle las competencias de los entes electorales y ordene su estructura funcional. Ello es lo que les da vida formal. La derogación de la ley puede ser de forma tácita o expresa. Total o parcial. O sea, para sustituir el actual TSE por el CNE y el TJE, se requiere en forma parcial reformar la Ley Electoral vigente. Ello surte efecto jurídico con la emisión de la Ley Especial. que el Congreso Nacional acaba de aprobar con una mayoría contundente de 124 votos. El otro contenido de la Ley Electoral –las demás normas que rigen el proceso eleccionario– es lo que seguirá siendo objeto de discusión y de debate.
Presumiblemente este proceso tomará el tiempo suficiente para que la nueva ley se aproxime a la aspiración de la ciudadanía. Suponemos que involucrando a los distintos sectores interesados. Lo que viene es el proceso para elegir a los rectores de esos nuevos entes electorales. Así que es necedad de los que no encuentran chunche que les acomode, intentar desmerecer todo cuanto, de buena fe, se haya avanzado hasta ahora. Ensuciando logros –alcanzados por consenso de las fuerzas políticas de mayor peso representadas en el Congreso Nacional– como si fuera una “pueril repartición de puestos”. (La ley solo implementa lo que la reforma constitucional manda que se haga). Incluso con bastante aceptación de la opinión pública, bajo el compromiso de idoneidad en la escogencia de los magistrados. Por supuesto que no va a complacer –si no pudieron colarse– a las pandillas acostumbradas a la práctica numismática de la vieja política. O a fanáticos de las redes sociales –que perfuman su ego con ataques odiosos para enervar el conflicto– cuando el país requiere de paz no de guerra. A Honduras no le queda más que esta avenida de cambio para salir de la crisis. Ojalá que, por discrepancias –después de tanto arduo trabajo que ha tomado arribar a estos consensos, incluso, den crédito, sin metiches de afuera– no quieran enlodar el camino que queda por recorrer. La política es el arte de negociar lo posible, no la inalcanzable perfección. Esto que inicia es el único horizonte claro para salir del atolladero. Empezando por la imagen de confianza que ofrezcan los entes electorales virtud de la escogencia correcta que se haga de los magistrados. Adelante está lo que se decida con las demás reformas electorales. Hay que evitar torpezas. Lo poco que hay de esperanza hay que cuidarlo. No matarle, al indignado auditorio, desencantado con la clase política, la fe. Ni secarle, desde el comienzo, la última ración que le quede de paciencia.