CON tantos exgobernantes presos en muchos países latinoamericanos, o bien objeto de investigaciones, huyendo de la justicia, o refugiados en otro país para esquivar la extradición –como el caso del salvadoreño que obtuvo nacionalidad nicaragüense del comandante sandinista– qué dieran todos ellos merecer el mismo trato que les dan en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó “en contra de enjuiciar a exmandatarios”. AMLO, quien durante la campaña política hizo bastante ruido con el tema de la corrupción, ahora insiste “en que la fiscalía y el Poder Judicial tienen total autonomía y que su gobierno trabajará para que no haya impunidad”, sin embargo, se muestra reticente, desde su toma de posesión, a enjuiciar exmandatarios, arguyendo que “había que empezar una etapa nueva en lugar de apostar por la venganza”. Aunque para no echarse él solo el trompo a la uña explica que “mi propuesta era que se pensara en un punto final y solo si la gente lo solicitaba, si lo pedía, que fuera a una consulta”, pero anticipando, a manera de dar línea a sus simpatizantes, que “él votaría en contra de tales procesos”.
Mientras en algunas partes del mundo hay bastante respeto hacia los que ejercieron esa alta posición de elección popular, incluso son objeto de beneficios sociales como pensión y retiro, seguros de salud, asignación oficial para montar sus bibliotecas conmemorativas, y cuentan con seguridad que les ofrece el Estado, también hay donde cuentan los minutos que faltan a que toque la hora de entregar para caerles encima. En El Salvador tienen a uno prisionero, otro refugiado en Nicaragua, mientras que Francisco Flores escabulló la pena cuando falleció de un infarto. Parecido en Guatemala, donde la CICIG encarceló al general “mano dura”; agarró de ojo de gallo a otro exgobernante a quien igual, solo un ataque al corazón que le quitó la vida pudo evitarle ir a la cárcel. Todavía no se sabe la suerte que le espera al que está próximo a entregar. Previendo, mandó a la CICIG a echar pulgas a otro lado. En Perú no han dejado títere con cabeza.
Tienen al reo Fujimori agonizando en las celdas penitenciarias o alternando en las salas de cuidados intensivos de los hospitales. Alfredo Toledo prófugo de la justicia evitando la extradición. Ollanta Humala, en prisión preventiva. Pablo Kuczynski, detenido e investigado. El aprista Allan García cuando entraban los detectives de la fiscalía a capturarlo en su casa de habitación se encerró en un cuarto y se pegó un tiro, dejando su “cadáver como muestra de desprecio a sus enemigos”. En Colombia hay imputaciones a Juan Manuel Santos y recién citan a Álvaro Uribe, por un asunto político de supuesta manipulación de testigos, a responder una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
El dictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres, donde acudía a una clínica para someterse a una operación de la columna, en atención a una orden internacional de detención. Hay un hondureño esperando sentencia de un juzgado norteamericano por un lío del fútbol. En Panamá acaban de exonerar a Ricardo Martinelli por el caso de las escuchas, sin embargo, quedan otros emplazamientos pendientes. Su archienemigo Juan Carlos Varela, ha sido acusado en la fiscalía por parecidos casos de las coimas de Odebrecht que salpican a Martinelli. A Miguel Ángel Rodríguez le quitaron la Secretaría General de la OEA para meterlo preso en Costa Rica y a Rafael Ángel Calderón lo tuvieron varios meses en prisión preventiva. Hubo quienes se fueron calladitos a Europa, para salirse del radar. El afamado Premio Nobel actualmente se encuentra enfrentando acusaciones de presunto abuso sexual. Luis Inacio Lula en Brasil cumple una condena por cargos de corrupción y Michel Temer fue detenido en el marco de una investigación anticorrupción. El ecuatoriano Rafael Correa está prófugo en Bélgica evadiendo una orden de detención preventiva. Han de decir, mejor trato dan a los mexicanos, a propósito del “tercer país seguro”.