El Tribunal de Sentencia con competencia nacional en materia de corrupción comenzó ayer la audiencia de debate del juicio oral y público contra el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olvin Antonio Mejía Santos y de varios exempleados del Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, acusados por los delitos de Administración de Fondos Públicos y Privados de Jubilaciones y Pensiones y Falsificación de Documentos Privados en perjuicio del Sistema Financiero Nacional y la Fe Pública de forma respectiva.
Asimismo, se encuentran en esta causa penal Pastor Eliut Valladares Romero, Oscar Reinaldo Casco, Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Rodolfo Andino Maldonado, Rossel Arturo Euraque López, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco, Roberto Andrés Romero y el exgerente del Instituto de Previsión del CAH, Josué Argeñal Cerrato, quien está condenado a 15 años de prisión por otros actos de corrupción a lo interno de la institución de los abogados.
Los acusados fueron trasladados desde el Centro Penitenciario Nacional de Támara y del primer batallón hasta la sede judicial, a eso de las 11:20 de la mañana fueron ingresados a la sala del tribunal de sentencia.
Al iniciar con el juicio las diferentes defensas técnicas así como los fiscales del Ministerio Público y acusación privada que representa al Colegio de Abogados presentaron incidentes y recusaciones.
En ese sentido, se recusó a uno de los fiscales a cargo de la persecución penal en esta causa por parte de la defensa pública por haber formado parte del tribunal de honor de una de las juntas directivas acusadas y además por tener una enemistad con uno de los acusados, también se recusó a uno de los jueces.
Es de precisar que en este expediente, también se menciona al extinto expresidente del CAH Oscar García.
Según la investigación dirigida técnica y jurídicamente por Fiscales de la Unidad de Casos de Alto Impacto y efectuada por agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATIC, esta es la primera de cuatro líneas de investigación en la cual se ha determinado que el monto del delito por parte de los acusados asciende a más de 30 millones de lempiras.
Desfalco que según las pesquisas se produjo en dos periodos continuos del 2008 al 2012, cuando Castellanos y Mejía Santos de forma respectiva, presidieron la organización de los togados y en la que se concluye que se cambiaron de forma fraudulenta más de 200 cheques por un valor de más de 200 mil lempiras cada uno, mismos que eran cambiados por los exempleados del CAH.
La emisión de los cheques la realizaban a nombre de los capturados y de falsos beneficiarios, quienes los cambiaban por concepto de seguros de vida y por supuestos fallecimientos de algunos agremiados.