Por Juan Ramón Martínez
No conocemos el proyecto de reformas electorales que la OEA le preparó al Congreso Nacional. Tampoco las opiniones que, sobre su contenido, tienen las bancadas de los partidos representados allí. Pero sí, podemos anticipar que las reformas electorales pueden exhibir tres escenarios muy claros. El primero de ellos es que, en efecto, sean un conjunto de modificaciones para que el pueblo, el elector, aumente su control sobre los elegidos, subordinando a los gobernantes al compromiso popular y que, aquel tenga más poder, mucho mayor que los dueños de los partidos. Que los elegidos rindan cuentas. Y que los ciudadanos, tengan la opción de escoger cada vez a los mejores, suprimiendo la reelección abierta e irracional de diputados y alcaldes. Y que los nuevos órganos electorales, sean de tal calidad que den confianza, por su equidistancia independiente de los controles de los líderes políticos, sobre los funcionarios. El segundo escenario es que las reformas, fortalezcan a los partidos que, usando su poder controlen como ahora, el sistema electoral, convirtiendo a los ciudadanos en números para resolver sus disputas por el poder. Aligerando el conflicto político, en el que estamos involucrados. El tercero, el más terrible e indeseable, dicho sea de paso, es que las reformas electorales, constituyan, simplemente, el pago por el chantaje que hasta ahora, ha sometido Libre y los diputados liberales que siguen a Orlando Zelaya, a la mayoría de los miembros del Congreso Nacional. Y al sistema democrático.
De acuerdo a informaciones obtenidas de fuentes confiables, las reformas están centradas fundamentalmente, en darle satisfacciones a Libre, bajo el condicionamiento que sus candidatos a integrar los órganos electorales, que no reúnen las condiciones mínimas en la ley, sean sustituidos por otros, que le den a los nacionalistas y a los liberales, –que no le atienden las instrucciones que ordena el Consejo Central Ejecutivo–, más confianza y seguridad, que no sean simples títeres de Zelaya, sino que verdaderos profesionales, apegados al respeto de la ley, la pureza de los procesos y la obediencia a la voluntad mayoritaria libremente expresada en las urnas. Pero además de esto que, en todo caso, solo representaría darle vuelta a la tortilla, aumentará la burocracia electoral y favorecerá la contratación de firmas extranjeras con burócratas internacionales vinculados con la OEA, adolece de un terrible defecto: alienta y reafirma el poder centralizador de los órganos electorales, al menospreciar el poder de la mesa electoral y debilitar la fuerza de la ciudadanía en los municipios y suprimir la condición de independientes de los departamentos, como circunscripciones electorales. Demás está decir que, no consideran la creación de los distritos electorales –mucho más importante que el establecimiento de la segunda vuelta que, en un clima de respeto y libertad ciudadana, tiene carácter aséptico– en donde, realmente, es el lugar en que se vincula la voluntad del ciudadano votante y el candidato propuesto por los partidos. O por el mismo. Porque con el sistema actual de diputados departamentales –contradictorio con la supresión de la participación de los departamentos en el proceso electoral– nadie tiene diputados. Todos son sirvientes de los líderes de los partidos o propietarios de los mismos, incapaces para decirles que no a sus instrucciones, cuando les ordenan que decidan en asuntos en donde el interés del público en general, está comprometido.
Con el modelo electoral actual, que será confirmado por los diputados actuales, los electores no tienen diputados. Son de los partidos. O de los movimientos. No pueden plantear problemas; ni sugerir posturas a asumir; ni exigir que cuando voten, protejan intereses colectivos. El modelo político electoral actual, no es democrático. Los diputados se quejan que el reglamento del Congreso tampoco lo es –cosa cierta que debe ser revisada para volver más productiva y confiable la acción legislativa– no tienen en cuenta que su comportamiento, no es vigilado por los electores, porque nadie tiene un diputado en particular, que sea suyo. Y al cual, castigar si se porta mal; o premiar cuando sus iniciativas, votaciones y comportamientos, estén orientados por el asentimiento de los electores. El comportamiento de dos diputados confirma lo dicho: Soto quemó la Constitución de la República y Castellanos realiza acciones criminales para entorpecer la actividad legislativa.
“Machos sin dueño”. No tienen control, porque los electores carecen de poder. Y eso no es democrático. En ninguna parte.