Por Nery Alexis Gaitán
La estabilidad del sistema democrático radica en la alternancia de las autoridades. Los procesos electorales garantizan la supervivencia de la democracia ya que la alternabilidad en el poder fortalece las instituciones que hacen funcionar el sistema.
Uno de los reclamos constantes en nuestro país es que la Ley Electoral está desfasada y da lugar a que se cometa fraude, tesis planteada sobre todo por los perdedores en cada contienda electoral. Y los reclamos, tal como lo vivimos en las elecciones pasadas, se desbordaron en una violencia extrema.
Pero en este caso hay que reconocer que la oposición política izquierdista participó en las elecciones bajo la ley vigente y reconoció los resultados a nivel de alcaldías y diputaciones. Solamente a nivel presidencial rechazaron el resultado y generaron la violencia que todos recordamos. Lo triste es que cuando se les solicitó que presentaran evidencias del supuesto fraude, fueron incapaces de demostrarlo.
Para el bienestar de la democracia urgen unas reformas electorales que estén acordes a los tiempos actuales y generen confianza y credibilidad absoluta. Al respecto, la OEA, mediante un equipo de expertos, después de un estudio y análisis respectivo partiendo del marco legal de nuestra Constitución, ha presentado un paquete de documentos que contemplan las importantes reformas a la Ley Electoral, el cual ya fue entregado a los representantes de los partidos políticos, excepto al del Partido Libre que por encontrarse en insurrección legislativa no asistió.
Estos documentos contemplan las respectivas disposiciones legales que regirán a los nuevos organismos electorales, que son el Consejo Nacional Electoral (CNE), que administrará los procesos electorales y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), que tendrá a su cargo los procedimientos contenciosos legales. Así cada organismo tendrá su propia estructura y serán independientes.
De esta forma el proceso eleccionario tendrá una mayor transparencia y credibilidad fortaleciendo nuestro sistema democrático. Hasta el momento todo marcha bien, pero como siempre hay un pelo en la sopa, los izquierdistas de Libre ya han empezado a querer entorpecer todo este proceso.
Desean que se elija a matacaballo y a su conveniencia los representantes de los partidos a estos nuevos organismos electorales, sin antes estructurar la normativa que regirá a los mismos. Su usual proceder antidemocrático trata de llevarse por delante las normas jurídicas y los procedimientos ya contemplados en nuestra Constitución y demás leyes.
Es inaudito, cómo después de quejarse constantemente de haber sido víctimas de fraude electoral a nivel presidencial en dos ocasiones y echarle la culpa en gran medida a la Ley Electoral, ahora no quieran seguir los procedimientos establecidos para modernizarla.
Entiéndase que “insurrección legislativa” es sinónimo de caos, silbidos, insultos, violencia. Su no participación en la vida legislativa los relega del sagrado deber para el que fueron electos: legislar a favor de las grandes mayorías.
Cada vez es más evidente la desvinculación de estos diputados relajeros con el pueblo que los eligió. En ningún momento manifiestan que les interesa el bienestar de los pobres. Solamente el caos y la toma del poder a costa de lo que sea.
No se puede pasar por alto la importancia que tiene para el fortalecimiento del sistema democrático la nueva Ley Electoral y los dos nuevos organismos. Así se garantiza una transparencia mayor en las elecciones. Asimismo se espera que las nuevas autoridades elegidas demuestren un compromiso mayor con el bienestar de todos los hondureños.
El pueblo está cansado del comportamiento aberrante de los diputados de Libre, que no aportan absolutamente nada al bienestar y fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Por lo menos debieran trabajar presentando proyectos de ley para el bienestar de la ciudadanía que para eso se les paga, y no para protagonizar escándalos.
¡Los hondureños merecemos vivir en paz y democracia!