El Presupuesto General de la República en la parte de egresos sufrirá un recorte de seis mil millones de lempiras este año, como una medida de austeridad en vista de la crisis política que está afectando la economía hondureña.
Mediante Decreto Ejecutivo 036-2019 publicado el 11 de este mes en La Gaceta, el gobierno ordena a la Secretaría de Finanzas aplicar la reducción del gasto en todas las secretarías, órganos desconcentrados y descentralizados, excepto en Salud, Educación, Seguridad y el Servicio de la Deuda Pública.
En diciembre de 2018, el Congreso Nacional aprobó el instrumento fiscal para este año, por más de doscientos sesenta y un mil millones de lempiras, donde alrededor de ciento cincuenta y dos mil millones de lempiras son para la administración central.
Para lograr la reducción -dice el documento- se restringe la creación de nuevas plazas de trabajo, recorte del 50 por ciento de los “gastos de representación, prohíbe la compra y arrendamiento de vehículos y equipo de oficina”, así como alquiler de nuevos inmuebles, excepto en aquellos casos que formen parte de financiamiento externo.
Se instruye a la vez, la implementación de medidas orientadas a reducir el consumo de combustible como mínimo en un 30 por ciento. Tampoco se podrán crear nuevas instituciones, ni programas que incrementen el presupuesto.
De existir alguna iniciativa -añade- esta debe cumplir con la revisión y análisis de impacto fiscal, previo al dictamen que emita Finanzas. Se instruye al Instituto de la Propiedad y a la Dirección
Nacional de Bienes para que en 15 días entreguen a la Secretaría de la Presidencia el inventario de
bienes inmuebles ociosos del Estado, así como, en las condiciones en que estos se encuentran.
Seguidamente, Finanzas y Presidencia estructurarán un fideicomiso para la administración de los bienes que entren en proceso de remate. El recorte se debe -según los considerandos del Decreto- “como consecuencia de los acontecimientos suscitados en el país, se ha generado un clima
de incertidumbre que impacta en la actividad económica”.
“Esto ha dado lugar a una ralentización del crecimiento de los ingresos tributarios, que requiere la adopción de medidas de reducción del gasto público principalmente el gasto corriente, a fin de liberar recursos que permitan continuar el desarrollo normal de los programas y proyectos de máxima prioridad para el país.
La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, explicó que con lo ahorrado se apoyará la reactivación del agro, salud y educación al detallar “que la ejecución va en un 41 por ciento y el tema no es que no hayan ejecutado”, sino en reorientar los fondos a las prioridades del país. “Hay cosas que un montón de instituciones no necesitan, se puede usar mejor el Presupuesto”, resumió. (JB)