Por Armando Cerrato
El presidente del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU – SD), Guillermo Valle, y los exdirigentes y fundadores del Partido Anticorrupción Luis Redondo y Salvador Nasralla, auxiliados por un asesor y apoderado legal, presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Presidente de la República Juan Orlando Hernández Alvarado, acusándole a la vez de traición a la patria por violar la Constitución de la República y haberse reelegido.
Los demandantes consideran que si su recurso es aceptado con suspensión del acto reclamado y declarado a lugar por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, significaría la salida inmediata del poder del mandatario al que consideran usurpador y dictador.
Por otro lado, si la demanda es considerada inadmisible por cualquier tecnicismo jurídico o interpretación hermenéutica doctrinaria, lo cual no descartan los demandantes que consideran en un futuro próximo hacer valer el derecho constitucional y en su momento acusar también a los actuales integrantes de la Corte Suprema de Justicia como traidores a la patria por su complicidad en el acto reclamado, dado que esa figura delictiva es imprescriptible y su castigo puede ser demandado en cualquier tiempo por cualquier ciudadano.
El pliego de la demanda según Salvador Nasralla es contentivo de 21 páginas con los señalamientos respectivos de los delitos constitucionales cometidos por el Partido Nacional al plantear y llevar a cabo la reelección presidencial con la simple modificación por el Congreso Nacional de un párrafo de uno de los artículos considerados pétreos que prohibía incluso el hablar de la reelección a los funcionarios públicos y para lo cual fue necesario que el Congreso violara también un artículo constitucional que prohíbe a los poderes del Estado el delegar sus funciones específicas a la opinión de otro poder.
Según Nasralla, a él le han robado en dos oportunidades la Presidencia de la República, que asegura haber ganado limpiamente por el voto popular y no pierde tiro para llorar sus desventuras y manifestar al público de sus programas deportivos y de entretenimiento popular ser víctima de la política vernácula que considera sumamente sucia pero a la que se unió sin escrúpulo alguno, aliándose incluso con quienes mantienen una doctrina de 180 grados de diferencia a la que él dice pertenecer en cuerpo y alma por nacimiento y convicción.
Nasralla en su afán de creerse el presidente electo, pero en la llanura, se ha vuelto un sedicioso, sempiterno y costumbrista e incluso metido a autodirigente de movimientos insurrectos de cuerpos armados de fuerzas especiales de la Policía Nacional Preventiva sin que nadie le hubiese invitado a tomar partido, quizás creyendo ingenuamente que los insurrectos daban el primer paso por el sendero del fin del gobierno actual.
Sin embargo, el que tiene la sartén por el mango, lejos de alzarlo y dejarlo caer sobre la cabeza el incitador aceptó las peticiones de los insurrectos y calmó las aguas agitadas volviendo el oleaje en contra de los seudodirigentes que no midieron las consecuencias de sus actos y ahora se curan en salud tratando de llevar su sediciosa y violenta protesta al campo jurídico para darle visos de legalidad, metiendo un recurso que ellos mismos consideran desde su inicio como fallido.
Nasralla sostiene por todos los miembros a su alcance que Juan Orlando Hernández Alvarado no finalizará su periodo y que caerá antes del 27 de enero del 2022 cuando según la Constitución de la República deba entregar la banda presidencial si es que cumple la promesa de no presentar nuevamente su candidatura para cuatro años más.
Mientras tanto, en medio de una insurrección legislativa por parte de los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) del defenestrado presidente liberal José Manuel Zelaya Rosales, el Congreso Nacional se dispone a la discusión y aprobación de importantes reformas electorales que posiblemente transparenten el juego democrático que en nuestro país se da por el proceso electoral, en que todos los hondureños en edad de votar nos damos a través de las urnas el gobierno que nos merecemos, escogiendo con nuestro voto al menos malo de los candidatos en liza.
Nadie se explica por qué el Ministerio Público y todos los entes del sistema jurídico nacional no actúan de oficio ante las acusaciones temerarias, insidiosas, erráticas y sediciosas de varios políticos de oposición que incluso intentan imponerles agendas a organizaciones del poder civil y amparan actos deleznables, considerando reos políticos a quienes intentaron incendiar la embajada de Estados Unidos y destruyeron edificios públicos y varios negocios privados, quemando vehículos y robando mercadería de empresas que incluso patrocinan los programas de los principales incitadores a la violencia.
Licenciado en Periodismo