NICOLÁS –que le tranca el ingreso a las misiones de derechos humanos– pensaba que con recibir a la chilena y halagarla con cuentos de camino real, lograría seducirla a que diera un informe favorable a su gobierno. Sin duda ahora se arrepiente de haberla dejado indagar: “El informe –replica la cancillería venezolana– presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos”. Estos son los puntos centrales del informe de la alta comisionada de la ONU: Libertad de expresión: “El gobierno ha tratado de implantar una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”. “Han tenido que cerrar docenas de medios impresos y el gobierno clausuró emisoras de radio e hizo que dejaran de emitir canales de televisión”.
“Aumentaron las detenciones de periodistas, incluyendo de periodistas extranjeros quienes fueron expulsados o dejaron el país inmediatamente después de su liberación. Actualmente hay centenares de periodistas venezolanos exiliados”.
Detenciones arbitrarias: “El ACNUDH documentó varios casos de detenciones arbitrarias de personas por expresar opiniones en redes sociales”. Represión selectiva y persecución por motivos políticos. “Durante al menos una década, el gobierno, así como las instituciones controladas por el régimen han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo neutralizar, reprimir y criminalizar a opositores/as políticas y críticas al gobierno”. Discursos en los medios oficiales. “La oposición política, los/as activistas de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia blanco de discursos que los tildan de ‘traidores’ y ‘agentes desestabilizadores’”. Criminalización de la oposición. “Sucesivas leyes y reformas legislativas han facilitado la criminalización de la oposición y de cualquier persona crítica al gobierno mediante disposiciones vagas, aumentos de sanciones por hechos que están garantizados por el derecho a la libertad de reunión pacífica, el uso de la jurisdicción militar para personas civiles, y restricciones a ONGs para representar a víctimas de violaciones de los DD HH”. Detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. “El aparato de seguridad ha sido responsable del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones”. “Los colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones y de la disidencia”.
Falta de investigaciones. “Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales”. “Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”. Privación arbitraria de la libertad. “El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 2014 y 2019”. Torturas. “En la mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”. Un informe devastador como ese tumbaría a cualquier otro régimen, menos al de Nicolás.