Dirigentes de la Coordinadora de Transporte Rapidito de Honduras (Cocemtrah) se reunieron con el titular de la oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, para solicitarle que interceda por ellos, ya que son víctimas de la indiferencia del Estado de Honduras, que por más de 17 años les ha negado sus permisos de operación.
Ante esta petición, Herrera Cáceres dijo que la próxima semana se reunirá con autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para conocer el estado en que se encuentra la petición hecha por miembros de la Cocemtrah.
El “Ombudsman” declaró que dentro de un Estado en proceso de democratización, como es el caso de Honduras, no debe existir ni siquiera la idea que hay hondureños y hondureñas que están incluidos en las leyes y que otros están excluidos. “La exclusión es un término atentatorio a los derechos humanos”, afirmó el Ombudsman hondureño.
Agregó que se debe hacer prevalecer el principio de igualdad jurídica y que todos sean respetados en cuanto a su derecho de vivir en condiciones dignas.
Segun el criterio de Herrera Cáceres, todo tiene que ser legalizado porque el principio de legalidad es lo que prevalece y garantiza los derechos humanos.
El presidente de la Cocemtrah, Pompilio Coello, declaró que son un pequeño grupo de hondureños dedicados a la actividad del transporte, que operan en 15 corredores de diferentes rutas de la capital con vehículos microbuses con capacidad de 15 pasajeros y ayer realizaron una movilización de unidades desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), hasta la sede del Conadeh, por el bulevar Suyapa.
Explicó que desde hace más de 14 años están operando en los corredores que fueron abandonados por los señores del transporte urbano, por no ser rentables para ellos y dedicarse a recibir subsidios del Estado.
Coello indicó que como transportistas también son víctimas de los grupos o bandas delincuenciales organizadas que les extorsionan sin que el Estado les dé seguridad. “Los miembros de la Coordinadora acudimos ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para que nos dé y podamos hacer posible nuestra legalización”, dijo el transportista.