Los representantes de la Organización No Gubernamental (Ong), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ofrecieron ayer conferencia de prensa, para solicitar a los diputados que los candidatos al CNE y TJE, deben ser con meritocracia e idoneidad.
La ASJ, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, como organización de sociedad civil que ha venido monitoreando y haciendo veeduría social al proceso de reforma electoral.
Alertó a la población hondureña y a la comunidad internacional sobre los pactos que se están fraguando por sectores oscuros de los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, que utilizan la coyuntura de las reformas electorales para insertar personas afines a sus intereses para garantizar la ancestral manipulación en los comicios y el sesgo en las decisiones respecto a los procesos electorales que desnaturalizan y modifican la voluntad popular expresada en las urnas y permiten que el manto de la impunidad cubra los actos de corrupción y delitos cometidos en el pasado y los que se ejecutarían en el futuro cercano.
Es por eso que demandamos a los honorables diputados y diputadas de todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, lo siguiente:
1.- Una selección basada en los principios de la meritocracia, idoneidad y transparencia de los titulares del RNP, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), con el propósito de generar la suficiente integridad y confianza en la población hondureña que se le respetará, defenderá y protegerá su derecho universal al sufragio.
2.- Garantizar públicamente mediante la divulgación de la respectiva información que las personas escogidas y nombrados por los órganos de la función electoral cumplen con los más altos estándares éticos y de integridad.
3.- Debido al nacimiento de la justicia electoral en este proceso de reforma y la importancia trascendental en la resolución de conflictos políticos, el Congreso Nacional y los partidos políticos representados deben asegurar mediante exámenes y verificaciones de antecedentes profesionales que las personas nombradas para ser magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tengan los debidos conocimientos y experiencia comprobada de por lo menos 10 años en materia de administración de justicia, procesos jurisdiccionales, litigios judiciales o defensa jurídica de derechos humanos políticos.
4.- Proceder a la elaboración y la aprobación de la Ley del Consejo Nacional Electoral y la Ley Procesal Electoral, las reformas a la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos y la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, antes de enero del 2020, con la advertencia de que si no se cumple con dicho plazo se estaría corriendo el riesgo de utilizar la Ley Electoral vigente incumpliendo con las expectativas de la ciudadanía de una reforma profunda al sistema electoral. Asimismo, es imperioso que de una vez por todas se efectúe la discusión de temas fundamentales como la realización de la consulta ciudadana sobre la reelección presidencial y la segunda vuelta electoral.
5.- Cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido Honduras en materia de derechos humanos y derechos políticos. Asimismo, atender las recomendaciones de las misiones de observación internacional que por más de 10 años han venido recalcando la necesidad de órganos electorales independientes e imparciales en Honduras. Retomar las recomendaciones relacionadas al sistema político electoral establecidas en el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del 2011.
Por último, dar cumplimiento a lo dispuesto en el Informe Diálogo Político en Honduras, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los informes de propuestas de reformas electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Instituto Nacional Demócrata (NDI), que han acompañado a las Comisiones Legislativas en materia electoral.
Asimismo, motivamos a los jóvenes y mujeres, grupos étnicos y originarios, personas con discapacidades y los colectivos LGBT a ejercer sus derechos para que puedan ser escuchados y sus demandas de participación política queden plasmadas en la nueva legislación electoral.
A la comunidad internacional en Honduras, le pedimos que no solo se conformen con el número de votos que obtengan los nombramientos o las reformas electorales como hito de legitimidad, sino con la transparencia, la apertura a la participación y la respuesta a las demandas ciudadanas.
6.- En estos momentos de enorme crisis y desconfianza ciudadana, Honduras necesita de reformas electorales que contribuyan a reducir los niveles de polarización y conflictividad social, que le permita a la clase política trabajar por el bien común y, sobre todo, que produzca un próximo Gobierno con la suficiente legitimidad para atender los grandes problemas de nación con el reconocimiento, respeto y colaboración de la población.