Directivos del transporte de carga amenazaron que a partir del próximo 18 de julio van a paralizar sus unidades, eso implicaría pérdidas millonarias y desabastecimiento de combustibles, en protesta porque empresarios no acceden a sus demandas sobre aumento de tarifas.
La empresa privada sigue renuente a pagar 1.24 dólares (30.59 lempiras) por kilómetro recorrido ida y vuelta más el 20 por ciento sobre el remolque.
Se ha buscado un acercamiento con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) para resolver esta problemática, sin embargo, los transportistas insisten que la tarifa es justa.
En respuesta, el presidente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy, afirmó recientemente que no retirarán un recurso contra el pago de tarifas mínimas del pago de transporte de carga que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La CSJ regresa de su primer período de vacaciones este próximo 18 de julio.
“Si el primer día que abran los juzgados, el Cohep no retira ese recurso, vamos a tomar acciones nosotros, vamos a paralizar el transporte de carga, será una grave situación donde no vamos a transportar ni un refresco, un fósforo o combustible”, advirtió el directivo de los transportistas, Edgardo Menéndez.
“El Cohep manda empleados de tercera categoría a sondear como están las cosas, realmente la acción no se ha ejecutado porque los juzgados están en vacaciones, si el Cohep sigue vamos a paralizar el transporte en todas las modalidades”, alertó Menéndez.
En respuesta, el representante de los empresarios, Juan José Cruz, señaló que “no es cierto que el Cohep esté en contra de los transoportitas, si al final de cuentas son empresarios, por cierto, muy esforzados. Es importante que quede establecido”.
Cruz agregó que “me da pesar que para grupos competitivos de personas se diga que son de tercera categoría, cuando en realidad lo que se anda buscando es poner las cosas en la perspectiva correcta”.
La fuente reconoció que existe preocupación con un documento que administra el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ya que afecta no solo el tema de la libre contratación, sino que contradice la Ley de Proteccióm a la Competencia que niega el hecho de que están poniendo tarifas, especialmente en estos contratos que son entre privados.