Por Armando Cerrato
La palabra Insurrección es definida como: “Sublevación de un colectivo contra la autoridad” y la sedición: “Levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo”.
La Constitución de la República en su artículo No. 3 contempla lo siguiente: “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional.
Basados en esos principios doctrinarios, actualmente hay varios sectores incluidos, algunos de prensa que todos los días actúan sediciosamente alentando a sectores opositores al gobierno en vigencia a salir a las calles con ánimo insurrecto, por considerar que el Presidente de todos los hondureños, Juan Orlando Hernández Alvarado, no fue electo correctamente y por lo tanto se le considera al mando de un gobierno usurpador.
Actualmente y por reclamos gremiales que en apariencia favorecerían al ser solucionados a todo el pueblo hondureño, un sector del magisterio nacional (COPEMP y COLPEDAGOGOS) se ha unido al Colegio Médico en una plataforma que además crece cada día al agregársele gremios de otro tipo que también creen en que deben cumplir y hacer cumplir los derechos estatuidos en la Constitución de la República.
Mientras tanto, el gobierno ha doblado su brazo y cumplido con las demandas iniciales de maestros y médicos que se sintieron amenazados sus puestos de trabajo y la gratuidad de la educación y la medicina, por decretos adoptados por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, exigiendo en las calles con marchas aparentemente cívicas y pacíficas –desde su punto de vista–, que a la larga resultaron sumamente violentas por la infiltración de vándalos incendiarios y apedreadores que se enfrentaron con la Policía incendiando y saqueando negocios y furgones que transportaban productos de exportación y abastecimiento alimenticio y de abarrotes a diversas poblaciones.
La torcedura de brazo del gobierno le llevó a la derogación de los acuerdos presidenciales en Consejo de Ministros demandados por los gremios, por lo que se crearon dos mesas de diálogo –una para el magisterio y otra para los médicos– a las cuales solo asistió un sector mayoritario de los maestros que de entrada resolvieron varios problemas económicos que afectaban a la mayoría de sus miembros y se sigue en pláticas para resolver otro tipo de problemas estructurales que afectan a la población estudiantil en todos los niveles, con la mira puesta en una modernización de la educación que reduzca la amplia brecha que nos separa de sistemas y modelos educativos desarrollistas aplicados en otros países del mundo que nos llevan hasta ciento veintitrés años de adelanto como Costa Rica —para no ir tan largo–.
En cuanto al gremio médico y los dos colegios magisteriales antes mencionados, se han inventado nueve puntos más, algunos de ellos muy difíciles de cumplir por el Poder Ejecutivo, con el cual se niegan a dialogar y han montado un diálogo aparte en sectores afines y populares que por mucho que representen al pueblo no pueden solucionar los grandes problemas de salud que viven o que afectan a la población porque no tienen ninguna autoridad sobre la administración del Estado que es prioridad y atribución absoluta del gobierno, que es dirigido por el Poder Ejecutivo, en este caso por Juan Orlando Hernández Alvarado, quien cree a pie juntillas que solo el diálogo y no el monólogo es la solución para un pueblo maleducado y enfermo.
Es por ello que el ministro de la Presidencia, Ebal Díaz ha dicho abiertamente que los responsables de incendiar, sediciosa e insurrectamente a Honduras, son dos líderes políticos frustrados por haber perdido en elecciones libres la Presidencia de la República y han advertido que sus actuaciones no quedarán impunes de seguirse produciendo actos vandálicos, aprovechando el movimiento legítimo de protesta de médicos y maestros. Esos dos líderes políticos insurrectos y sediciosos son a juicio de Ebal Díaz: José Manuel Zelaya Rosales y Salvador Nasralla, quienes hasta tendrían un pacto con los jefes de maras y pandillas y han armado comandos insurreccionales para sembrar la anarquía y el caos, en un intento por derrocar el gobierno constituido, sin importarles el enorme daño hecho a la economía nacional que pierde 1,500 millones de lempiras diarios por las actuaciones sediciosas e insurreccionales.
Licenciado en Periodismo