Miami (EFE). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el lunes al gobierno de Nicaragua a poner en libertad a más de 80 «presos políticos» que siguen detenidos como primer paso para el restablecimiento de las libertades individuales y la democracia en el país centroamericano.
El organismo presentó ayer en Miami su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el país, un «diagnóstico preciso» en torno a la situación que vive Nicaragua, inmerso en una crisis social desde abril del 2018 y que según datos de CIDH se ha cobrado hasta el 30 de mayo 326 víctimas mortales, entre ellas 24 niñas, niños y adolescentes, así como 21 efectivos policiales.
Antonia Urrejola, relatora de Nicaragua en la CIDH, señaló en la presentación que entre las 4 recomendaciones generales y 43 específicas contenidas en el informe, destaca la necesidad de restablecer en Nicaragua «la plena vigencia del Estado de Derecho garantizando el principio de independencia y separación de poderes públicos».
«Pese al inicio de la mesa de negociación, persisten en el país las detenciones arbitrarias, actos de hostigamiento y persecución y, en general, un ambiente de represión», dijo Urrejola, y agregó que sigue pendiente la restitución de derechos como el de la libertad de asociación y de expresión.
Durante el mandato del actual ejecutivo en el país centroamericano bajo la Presidencia de Daniel Ortega, que para la CIDH tiene controlados el Poder Judicial y el Legislativo, se observa la «judicialización» de líderes y defensores de los derechos humanos, todo lo cual apunta a una tendencia «que busca silenciar, intimidar y criminalizar cualquier voz contraria a la postura del gobierno», explicó la relatora durante una ponencia en un hotel de Miami.
El organismo advierte de la «intensificación» de ataques y detenciones contra periodistas, lo que es parte de una «fase de cierre de espacios democráticos» que constituye la «instalación de facto de un Estado de excepción, caracterizado por el ejercicio abusivo de la fuerza pública», el encarcelamiento de voces disidentes y la clausura de medios de comunicación.
El diagnóstico refleja que por primera vez en 25 años Nicaragua aparece en el Capítulo IV del informe anual de la CIDH, correspondiente a 2018, donde figuró por última vez en 1993, después de haber sido incluido el país en esa «lista negra» cada año desde 1982.
Según recoge el documento, el Ejecutivo nicaragüense ha rechazado el informe por considerar que adolece de falta de objetividad, imparcialidad y por su «manifiesto sesgo, reflejando intereses políticos desestabilizadores en contra del Estado de Nicaragua».