Por: Israel Romero Puerto
juris Doctor (jurista internacional), PhD – [email protected]
Cuando se emite una nueva ley con preceptos inconstitucionales, esa legislación es nula y sin valor. Igual ocurre cuando esa ley enmienda la Constitución pero el CN no enmienda la Carta Magna.
En Honduras, el CN aprobó un nuevo CP conteniendo muchas secciones y artículos que contradicen la Constitución, especialmente los que se refieren al derecho o libertad de pensamiento, expresión y prensa, garantía perpetua en el mundo, incluyendo el país catracho.
Esa legislación también deroga y/o enmienda otras leyes, como las contenidas en el corriente CP y el Procesal Penal en conexión con la Constitución. El problema radica en que ese país no respeta la Constitución por herencia de políticos corruptos, y por la pasividad de su pueblo.
El gobierno finalmente aceptó derogar los dos decretos que enmendaban la educación pública y la salud pública. Sin embargo, sigue pretendiendo engañar con diálogo para preparar un nuevo tamal que no espere será mejor que el anulado, pero mejor disfrazado.
Esa idea de privatizar los dos rubros arriba mencionados la tiene entre ceja y ceja el gobernante. En los corrillos se comenta que él estará en medio de las instituciones privadas que se harían cargo de manejar las escuelas y los centros médico-hospitalarios.
Se acuerda de la masacre de los transportistas de Cerro Verde, Choloma, que al día siguiente salió pregonando la solución a las masacres de transportistas y asaltos a los buses de transporte público: una tarjeta prepago. Se combatió ese pingüe negocio y nunca se cristalizó.
Honduras es un país disfrazado de democracia, pero la actitud del gobernante es de un tiranito, desde que controla los tres poderes del Estado, y se reelige sin haber una ley de reelección. La Constitución prohíbe la reelección, y esos preceptos no han sido enmendados por el CN.
Las protestas callejeras siguen convulsionando el país y el gobierno no busca una salida justa para el pueblo. No aprobamos las quemas, tomas de edificios de instituciones de servicio público, ni las muertes que ocurren cuando se usa la violencia.
Dos consecuencias negativas de las protestas violentas son: (1) el país se paraliza, no produce, se pierden empleos y hasta vidas humanas; y (2) el perjudicado siempre es el pueblo, que lo oprime el gobierno, y lo desangra su hermano que también es víctima de la opresión.
Al parecer al gobierno no le importa mientras siga con su agenda de apropiarse del dinero del Estado y meterlo en un bolsillo privado, de ayudar al crimen organizado, y de continuar con la corrupción.
Duele ver que una transnacional otrora llamada Standard Fruit Company, hoy conocida como Dole –su marca registrada– con sede en La Ceiba, anunció que se marcha de Honduras. Esa era una fuente de trabajo para miles de hondureños.
La Tela Railroad Company, con sede en La Lima, redujo su producción a un 10% desde hace muchos años. Cuando mi padre era un empleado de esa corporación, tenía más de 10,000 trabajadores. Ahora no llegan a 1,000. En la práctica, solo sostiene a sus miles de jubilados, gesto que admiramos.
Ciertos sectores de la comunidad nacional, especialmente relacionados con la práctica del periodismo, anunciaron que presentarían una acción ante la Corte Suprema de Justicia, buscando la nulidad del nuevo CP, pero permanecen en silencio.
Esa ley fue aprobada por el CN y publicada en La Gaceta. Entrará en vigor en noviembre de este año, pero como ya se publicó, se conoce enteramente su contenido, y por ser nocivo al país y sus habitantes, el recurso ya maduró legalmente, y se puede pedir que la Corte evite su entrada en vigencia.
El Dr. Romero es investigador científico independiente en periodismo y escritor.