En menos de ocho años han muerto de manera violenta entre 500 y 600 privados de libertad en los recintos penitenciarios.
Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), estas constantes muertes de privados de libertad en las cárceles son un reflejo de la falta de seguridad y que no se garantizan adecuadamente los derechos humanos de esa población.
El Estado hondureño, a través del Instituto Nacional Penitenciario, debe garantizar la seguridad apropiada en el interior de los centros penitenciarios, para evitar riñas, lesiones y muertes de los privados de libertad.
Es necesario establecer protocolos y mecanismos de seguridad, tendientes a evitar la fuga de internos, dijo Roberto Herrera Cáceres luego del reciente suceso que dejó tres muertos y unos 27 heridos a causa de una riña entre “paisas” (reos comunes) y miembros de la Mara MS-13.
El Conadeh establece en un informe sobre esta temática que, como resultado de las quejas atendidas de la población penitenciaria y sus familiares, así como de las visitas e inspecciones constantes, que realiza su personal a los centros y privados de libertad, se ha evidenciado y encontrado la persistencia de una serie de vulneraciones a los derechos humanos.
CIDH REGISTRA MÁS DE 600
En su más reciente informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó que entre 2006 y 2012 se registraron 641 muertes violentas en las cárceles de Honduras.
En los años 2003, 2004 y 2012 en los presidios de El Porvenir, La Ceiba, en Atlántida; San Pedro Sula, en Cortés, y en Comayagua, ha muerto un total de 538 privados de libertad producto de incendios en casos en donde el Ministerio Público (MP) nunca ha podido identificar a los responsables, continúan impunes estos hechos.
El 5 de abril del 2003, un enfrentamiento entre reclusos y policías, seguido de la quema de las celdas, dejó un saldo trágico de 69 privados de libertad muertos, posteriormente, el 17 de mayo del 2004, un incendio en la celda 19 del presidio de San Pedro Sula provocó la muerte de al menos 107 reclusos por quemaduras y asfixia. Por este hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado de Honduras y lo declaró responsable por la muerte de los internos, como resultado directo de una serie de deficiencias estructurales en dicho centro penitenciario. Pero la mayor tragedia se produjo el 14 de febrero del 2012 un incendio en la Granja Penal de Comayagua dejó 361 presos calcinados y una mujer que realizaba visita conyugal, sumado a esto más de 30 heridos.
En septiembre del 2018, se produjo un hecho violento en el Centro Penitenciario de Morocelí (La Tolva) en donde, existió una riña entre personas privadas de libertad con resultados lamentables de dos muertos y doce heridos. (SA)