Por José María Leiva Leiva
El reciente comunicado dado a conocer por la Conferencia Episcopal de Honduras (Conferencia Nacional de Obispos), retrata una triste y cruda realidad. Comienza enunciando lo que consideran los principales problemas más acuciantes que afectan a los hondureños: Alto costo de vida, el crimen y la violencia, el desempleo, la corrupción, las graves deficiencias en los sistemas de salud y educación.
A los que vienen a sumarse otras turbias y caóticas acciones igualmente susceptibles de desencadenar conflictos vinculados con las muchas veces torcidas formas de legislar del Congreso Nacional, o bien en el torpe e ineficiente manejo en las decisiones del Ejecutivo relacionado con las crisis de empresas estatales y con los servicios de energía, agua y transporte. Un cúmulo de nefastas actuaciones, que por acción u omisión, vuelve no solo “doloroso, sino también comprensible la indignación de la mayoría de la población, el sufrimiento de los más pobres, la decepción de los jóvenes, el miedo de los migrantes, la angustia de los enfermos, la impotencia frente a la corrupción y la impunidad, el cansancio de quienes luchan por una Honduras mejor sin ver resultados”.
La Conferencia hace descansar la génesis de estos conflictos, en acciones tales como la forma incorrecta con que los manejan los poderes del Estado”, en algunos casos, siendo estos los causantes del problema y, en otros, al mostrar una olímpica incompetencia para resolverlos con los recursos propios de una democracia participativa, y dejando que el paso del tiempo hagan que se resuelvan por sí mismos, cuando en realidad solo se agudiza su conflictividad.
Por supuesto, no podía faltar en el análisis la oprobiosa politización que suele dársele a estos conflictos con la intervención de oscuros personajes que lo único que hacen es acarrear agua para su propio molino, al introducir dobles agendas y empañar tendenciosamente la claridad de los objetivos por los que se lucha. Se da por sentado que las manifestaciones de las protestas tengan la intención de ser pacíficas, pero permitir la infiltración de elementos violentos desmerita la finalidad que persiguen y conculcan otros derechos de la población que también deben ser garantizados.
Está harto visto que en este mar humano unos andan a la bulla y otros a la cabuya. Y a la par de genuinos protestantes, se van a colar indeseables de toda laya, incluso, muchos de ellos haciéndole comparsa a una manga de perversos politiqueros, que desean ver arder la nación y luego aparecer como los mesías que habrán de convertir estas tierras mal administradas y saqueadas por ellos mismos, en una especie de Shangri-la. No se escapa en el análisis la referencia al mancillado texto constitucional, a unos poderes sometidos al Ejecutivo, un Congreso que devino en teatro de poca monta con actores de pacotilla, y de instituciones del Estado quebradas por la corrupción.
Un poder electoral sin ninguna credibilidad, sometido a los dictados del partido de gobierno. Una reforma amañada del Código Penal, que lo convierte en un instrumento de protección a los corruptos y narcopolíticos. Se suma a ello, la desconfianza en las personas y las instituciones, “lo que nos lleva a creer que no nos podemos fiar de nadie, y que debemos desconfiar de todo”. El documento destaca que ante este desmadre político, social y económico, es preciso rescatar unos valores éticos que se han ido perdiendo o debilitando en la medida en que las crisis –que se han dado en el país–, no han sido debidamente solucionadas… la honorabilidad de la autoridad política y el derecho a hacerse respetar por el pueblo, depende de que sean moralmente rectos los fines que persigue y los medios que utiliza para ello.
La siguiente tarea de la autoridad competente, es “educar –en todos los niveles–, el conocimiento y respeto a unas leyes justas, conformes a la dignidad de la persona humana y en orden al bien común. Cuando no actúa así, la autoridad se vuelve ilegítima y pierde el derecho a ser obedecida. El comunicado concluye con una invitación al diálogo fraterno como camino e instrumento de la búsqueda de una comprensión mutua que facilite rebajar tensiones y encontrar en medio de conflictos, posibilidades de acercar posiciones y de ver con mayor claridad dónde está el bien común. Y en ello sentencian, existe una palabra clave de por medio: La verdad. “La convivencia social es ordenada y respetuosa del ser humano cuando se fundamenta en la verdad”.
“Por eso, la búsqueda de la verdad fundamenta el verdadero diálogo el cual fracasa cuando alguien no quiere escuchar por creerse poseedor de la verdad. Dialogar no es obtener a toda costa lo que yo pienso; es buscar juntos qué es lo mejor para el bien común. El llamado toca a las instituciones del Estado para que cumplan con sus deberes, y por extensión a toda la sociedad para que, desde la realidad en que vive cada persona y cada grupo, considere la necesidad de sumarse a la búsqueda de caminos de solución para Honduras. Sea por medio de pactos, acuerdos, reformas, plataformas, el plebiscito o el referéndum o bien leyes de iniciativa ciudadana. Debemos tomar conciencia que sí es posible el cambio para mejorar, y para adoptar un compromiso de lograrlo solidariamente. Fin de la cita.