Por Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
Los últimos acontecimientos en los que empleados públicos del sector salud y educaciòn se lanzaron a las calles para protestar por la aplicación de los decretos que reformarían el presupuesto de ambas secretarías, no es más que el síntoma de una crisis mundial de la que, al parecer, no podremos escapar, al menos, en un buen par de décadas.
Las protestas, gremialmente justificables, no surtirán el efecto deseado, a pesar de que el gobierno asegura haberlos derogado de un plumazo. Porque no es su potestad impedir la aplicación de las medidas de equilibrio económico sugeridas por los organismos financieros que, como el FMI o el BM así lo han exigido.
Desgraciadamente, el problema rebasa la autoridad de este y cualquier otro gobierno, aunque los gremios que demandan mejoras salariales o que pretenden ponerle un alto a la privatización, crean que, con un plumazo, se arreglan las cosas.
Como país pobre, Honduras necesita sanidad financiera para atender las demandas de las instituciones de servicio, tales como salud, educaciòn, seguridad e infraestructura. Para atender esas demandas, debemos contar con recursos suficientes, provenientes de los ingresos por concepto de tasas impositivas y divisas generadas por las exportaciones. Entre mayores ingresos tengamos, mayor disponibilidad de flujos financieros se destinarán hacia los renglones presupuestarios. Para tales efectos, las exportaciones, las ventas y el empleo deberían presentar saldos positivos, para que la alegría y la tranquilidad puedan reinar en los salones del poder y de las instituciones.
Si esos escenarios resultan ser todo lo contrario, entonces debemos pedir prestado. Acudimos a los bancos internacionales como el FMI y el BM para que actúen en calidad de prestamistas. Los bancos no tienen ningún problema en hacerlo, salvo que, les debamos mucho o que tengamos problemas para pagarles. Entonces, nos ponen condiciones para “soltar” la plata y nos aconsejan ser frugales en el gasto y evitar el despilfarro. Entre esas condiciones están, desde luego, los recortes de personal, los viáticos desmedidos, y las contrataciones temporales y por hora.
Cuando la economía no crece, la decisión irracional de los gobiernos es presionar por un aumento desmedido de los impuestos, sobre todo contra la empresa privada, que es a institución que más sufre los desmanes estatales. Es exactamente lo que ha ocurrido en Honduras y en todos los países económicamente deprimidos. Estas medidas minan, de a poco, la legitimidad de cualquier gobierno y aumentan la desconfianza de la sociedad hacia el Estado.
¿Qué pasa si un gobierno se niega a aplicar las sugerencias y las exigencias de estos organismos? Sencillamente no resulta elegible para futuros préstamos y la debacle se le podría venir encima. Ni siquiera podemos imaginar las consecuencias si un gobierno anuncia una reducción escandalosa del presupuesto nacional.
Realmente, los gobiernos se encuentran en verdaderos aprietos, tratando de satisfacer a dos monstruos que deciden el futuro de la política local: las demandas sociales de la sociedad civil, por un lado, y la presión de los entes financieros, por el otro. Pero no se puede quedar bien con los dos al mismo tiempo. ¿No es esta, una pérdida del poder local que ha sido suplantada por otro, extraterritorial, y que tiene una gran influencia sobre las instituciones nacionales? Esto hay que explicarles a los gremios magisteriales y a los de la medicina.
El nuestro, no es un problema local, sino global, cuya resolución no se ubica en las manos del Estado, sino, fuera de su jurisprudencia y de su poder. Es una crisis mundial que, como bien dice Zygmunt Bauman no es transitoria sino, sintomática, y que ha venido a quedarse con nosotros por mucho tiempo.