El sector privado tiene claro quienes son las personas que están detrás de los actos vandálicos al comercio y empresas que han sufrido pérdidas en dos semanas de protestas sociales en distintas partes de Honduras, según fuentes de la cúpula empresarial.
Los gremios médico y maestros encabezan la lucha social demandando que se mantenga la gratuidad de los servicios de salud y educación, pero ambos están excluidos de los actos vandálicos, manifestó el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho.
“En realidad no son manifestantes. Son delincuentes que andan haciéndole daño al sector privado. Da la impresión como que no hubiese autoridad en el pueblo; pareciera que no hay autoridad policial, ni militar en las ciudades”, se quejó citando la quema de 16 carros que sufrió la contratista de Empresa Energía Honduras (EEH) en San Pedro Sula.
“Creemos que tiene que salir la autoridad a guardar la propiedad privada y la pública también porque esa la paga el sector privado con sus impuestos”. Urtecho manifestó que “no hay que buscar culpables en los médicos o los profesores. Estos son delincuentes comunes que se cobijan bajo el manto de la noche, a escondidas o se meten en capuchas”, para saquear o quemar los bienes públicos o privados. La fuente insistió en que “estos no son los profesores o los médicos”.
Demandó a la vez, mayor apoyo por parte de los órganos de seguridad a fin de proteger la inversión, independientemente, de donde provenga, ya que para eso pagan Tasa de Seguridad Poblacional y a la par también tienen que contratar empresas privadas para proteger las unidades productivas.
Días atrás, varias empresas y locales de comida rápida y comercio fueron atacados por turbas que aprovecharon para quemar y hurtar. La transnacional Standard Fruit Company (Dole) sufrió la quema de 56 contenedores y seis cabezales con banano y piña en camino a ser exportada a Estados Unidos por Puerto Castilla, Colón.
La semana anterior, los ejecutivos de Dole se habrían reunido con el Presidente de la República para exponer la situación grave que atraviesa la seguridad jurídica, que amenaza los empleos. La cúpula empresarial ha pedido una cita con el Ejecutivo para abordar la situación y buscar una salida mientras el gobierno llamó a los gremios al diálogo. (JB)