Tapachula (México) (EFE). Pese a la promesa de protección de los derechos humanos del gobierno, la seguridad militarizada y el maltrato es el pan de cada día en la frontera de México con Guatemala, denuncian ONG y migrantes.
La violación a los derechos humanos que se han efectuado en la frontera sur supone «una tortura silenciosa», porque no tiene «un discurso coherente en la práctica» y no «respeta los derechos de la movilidad humana», dijo el jueves a Efe la directora del Centro Fray Matías de Córdoba, Brenda Ochoa.
Las más de 24 organizaciones que respaldan la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el sureste mexicano contabilizaron más de nueve puntos de control migratorio con fuerte presencia de fuerzas de seguridad del Estado, particularmente policía federal y militar.
Además, denuncia que las fuerzas de seguridad no tienen claridad en sus funciones y en las facultades a ejercer en el complejo contexto migratorio existente en los últimos meses en el sureste de México, donde han llegado miles de personas, la mayoría de ellos centroamericanos, en caravana.
«Tenemos fuerzas militarizadas, fuerzas policiales que están controlando cada vez más el flujo migratorio, que además son ilegales y que son intimidatorios», expresó a Efe Fernando Ríos de la red Todos los Derechos para Todos y Todas (RDTT).
De acuerdo con estas organizaciones civiles, existe una estrategia de desgaste para generar cansancio, desmovilización y disuasión de los migrantes.
Y así, dificultares el acceso al derecho a solicitar refugio y a procedimientos de regularización.
En un ejercicio, aseguran, que criminaliza la migración pese a que el mismísimo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado en multitud de ocasiones que comprende las necesidades que llevan a cambiar de país.
«Esto se ha acelerado a partir de la promulgación de la ley de la Guardia Nacional en días pasados» que daría a este nuevo cuerpo de seguridad «facultades muy similares al Instituto Nacional de Migración (Inami)» pero vinculadas al «uso de la fuerza», apuntó Ríos.
Precisaron que son indignantes las prácticas racistas y xenófobas que discriminan grupos específicos, al igual que la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes migrantes y solicitante de asilo en centros de migración, que son «de facto» centros de detención.