Por Francisco Zepeda Andino
Cnel. (r) FAH
Fundamento indispensable para determinar una política de seguridad y defensa nacional, es tener absolutamente claros y consensuados los intereses vitales u objetivos nacionales permanentes. Otro factor necesario es conocer el concepto estratégico sobre defensa y seguridad que propone implementar durante su mandato el jefe del Ejecutivo. Para desarrollar la misión que nos había sido delegada, o sea elaborar la “Estrategia de defensa nacional”, delineada en el Decreto Ejecutivo No. 22-2007, se asumió que la Constitución de la República y el Libro de la Defensa Nacional, publicado el 2005, contenían los elementos primordiales sobre intereses vitales y objetivos nacionales permanentes de Honduras.
En la “introducción” expresábamos: “En el marco de nuestra Constitución que declara: “la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”, el gobierno de la República establece una estrategia de seguridad nacional, orientada a la protección de nuestra población, territorio y sistema democrático”. “Además de las amenazas tradicionales, nuestro hemisferio y la región centroamericana enfrentan en mayor o menor grado, las amenazas emergentes y desafíos a la seguridad, tales como el terrorismo, el narcotráfico internacional, tráfico de armas, pandillas delictivas juveniles, delincuencia común y organizada, la corrupción, tráfico ilegal de personas y el deterioro ambiental”.
La “visión” a nuestro entender era: “Un estado de derecho fortalecido y modernizado, que garantice el logro de los intereses y aspiraciones del pueblo hondureño, asegurando a la sociedad: justicia, libertad, seguridad, desarrollo, pluralismo, paz, democracia representativa, y el bien común, afirmando la nacionalidad y propiciando las condiciones para la plena realización del hondureño como persona humana”. Lo anterior con el “propósito estratégico” de: “Integrar recursos y capacidades en el fortalecimiento del Estado de Honduras, con el fin de prevenir, enfrentar y neutralizar las amenazas del siglo XXl”. El “marco legal” lo expresamos como: “Se fundamenta en la Constitución de la República, leyes, tratados, convenios y mecanismos de cooperación suscritos por el Estado”.
Los “objetivos” del documento eran:
a. Fortalecer el estado democrático de gobierno.
b. Proteger la vida e integridad de las personas, sus bienes y patrimonio.
c. Prevenir y combatir el crimen organizado, el terrorismo, el tráfico de drogas, armas y personas, la corrupción, el lavado de activos; prevenir, controlar y rehabilitar las pandillas delictivas o maras.
d. Consolidar y fortalecer sistemáticamente el control de las fronteras terrestres, aéreas y marítimas.
e. Fortalecer los sistemas de apoyo y cooperación regional e internacional.
f. Transformar y modernizar las instituciones de seguridad del Estado para enfrentar los retos del siglo XXl.
Una vez delineado lo anterior, cada “objetivo” estipulaba las “maneras”, “recursos”, y “resultados esperados”.
El total de los “objetivos” desarrollaba la metodología enunciada en el párrafo anterior. El documento terminaba con una sección de “coordinación” y de “conclusiones”.
Es innegable que las condiciones sociopolíticas del 2007 son diferentes a las de hoy. Escasos dos años de haber redactado la propuesta descrita, se originó la crisis político-constitucional del 2009. El primer “objetivo” (a) del diseño, dentro de las “maneras” como se podía hacer efectivo, contemplaba: “a. Hacer prevalecer el imperio de la ley; b. Mejorar la participación ciudadana en la defensa del Estado democrático de derecho; c. Activar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Artículo 287 de la Constitución de la República; d. Fomentar y fortalecer la cultura de la legalidad; e. Fortalecer las instituciones públicas, dotándolas de los recursos necesarios y; f. Modernizar el sistema judicial y capacitar demás operadores de justicia”. De esa forma se aspiraba hacer efectivo lo propuesto.
Actualmente se presentan retos para la seguridad nacional que se fueron incrementando a partir del 2005. El tráfico de drogas y su distribución interna, la extorsión en una magnitud variable desde pequeña hasta casi alcanzar nivel empresarial, la corrupción estatal o privada, el lavado de activos y tráfico de personas, se han integrado a las ya conocidas acciones criminales como femicidio, raterismo, asesinato, etc.
La cambiante situación social, económica o geopolítica, nos obliga a una revisión periódica de cualquier instrumento de planificación estratégica nacional o internacional que se haya diseñado. De no hacerlo corremos el riesgo de vernos ante un panorama el cual podríamos enfrentar con acciones desfasadas.
Repetiremos lo expresado al final del artículo del 7 de mayo, 2011: “Lo mismo que muchos hablan en prosa sin saberlo, son numerosos los que hacen estrategia más o menos inconscientemente. Ahora bien, es mucho más difícil hacer una buena estrategia que una buena prosa, sobre todo si tenemos en cuenta que, aunque el término estrategia se emplea con frecuencia, las realidades que encubre son normalmente ignoradas”. General André Beaufre.