Transnacional frutera suspende empleos por falta de garantías

La transnacional estadounidense Standard Fruit Company pedirá la suspensión temporal de empleos argumentando “fuerza mayor y falta de garantías” luego que 62 contenedores con fruta en camino a ser exportada fueron quemados por supuestos manifestantes la semana anterior en el atlántico hondureño.

En una nota oficial, el gerente de Relaciones Laborales, Mauricio Romero, comunicó ayer la decisión al Sindicato Unificado de Trabajadores de la Standard Fruit Company (Sutrasfco), con copia a la Oficina Regional de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en La Ceiba, Atlántida.

En la comunicación la transnacional se refiere a los actos vandálicos y hace un recuento de los ataques que ha venido sufriendo en los últimos años por grupos sin identificar, dada la “crisis política y social” que atraviesa Honduras.

“Por lo anterior -argumenta- les informamos que lamentablemente nos vemos en la ineludible necesidad de proceder a solicitar a las autoridades correspondientes la suspensión de los contratos individuales de trabajo, reanudando las actividades hasta que existan garantías para el normal funcionamiento de nuetras actividades”.

El presidente del Sutrasfco, José Alfredo Jiménez, lamentó la situación en declaraciones a la capitalina Radio América, donde describió que la transnacional es objeto de ataques sistemáticos en esta zona del país.

“PLATAFORMA NO TIENE NADA QUE VER”
Jiménez dijo a la vez que como trabajadores entienden la posición adoptada por la compañía en vista que se reportan pérdidas cuantiosas por la quema de las unidades de transporte y la pérdida de banano y piña que iba rumbo a Puerto Castilla para ser embarcada.

Por otra parte, el representante obrero desligó de los ataques a la “Plataforma de Lucha para la Defensa de la Educación y la Salud” que desde el jueves anterior se lanzó a las calles con un “Paro Nacional” exigiendo que se mantenga la gratuidad en los servicios de salud y educación.

Pese a la derogación de los dos decretos de la discordía a comienzos de semana, los médicos y maestros siguieron en las calles ayer demandando una posición franca por parte del Poder Ejecutivo.

“La Plataforma no tiene nada que ver en estas tomas en Colón. Los maestros y los trabajadores de la salud ellos las tomas las hacen y tienen su horario. Aquí hay gente que se queda… aquí hubo 48 horas tomadas y no pasó nada”.

Recordó que después de las elecciones del 2016 cuando el país entró en una crisis prolongada, los daños fueron de personas distintas a la militancia de la Alianza y de Libertad y Refundación. “No es la primera vez que lo hacen a la Dole, hace tres años hubo tiros de AK-47. Hay mucha gente atrás que odian la empresa”.

“Esto no es de ahora, lo que pasa es que esto rebalsó. Cuando las tomas de enero del año pasado ni a los trabajadores dejaban pasar por el puente de Sabá, y no eran del Partido Libre, ni de otro gremio, es gente que se las toma porque ya hay algo planificado”.

EN RIESGO PUESTOS DE TRABAJO
Ayer por la tarde la gerencia de la Standard Fruit Company que exporta frutas bajo la marca Dole al mercado estadounidense, analizaba otras medidas a tomar en los campos de producción que se extienden en los departamentos de Colón, Yoro y Atlántida donde tiene presencia desde comienzos del siglo pasado cuando el auge bananero.

La transnacional genera alrededor de diez mil empleos entre directos y colaterales, pero de acuerdo al presidente del Sutrasfco en esta suspensión entrarían alrededor de 4,000 puestos en las fincas de donde se han agudizado la situación con la quema de los 62 contenedores.

“En este momento estaríamos hablando de 4,000 trabajadores”, dijo al medir el impacto de esta crisis que resurgió desde el mes pasado cuando los gremios médico y maestros se unieron en contra de dos decretos ejecutivos por considerar que eran la vía para privatizar los servicios de salud y educación.

El domingo por la noche el gobierno eliminó los dos instrumentos y creó dos nuevos con un llamado al diálogo que han rechazado los líderes de las tomas por considerar que los firmantes del pacto no representan a las bases del magisterio y la medicina pública del país. (JB)