Por: Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos
Desde la perspectiva del informe PNUD, “lo político” se relaciona con aquello que dentro de una sociedad es susceptible de ser decidido de manera colectiva, por lo que “lo político” se presenta como algo contingente y dinámico, debido a que lo que se discute y se decide va cambiando a lo largo del tiempo. Por otro lado, “la política” vendría a ser la expresión institucional de lo político y añaden los autores del informe que, si bien lo político se relaciona con la política, esta última trasciende al primero “pues lo que puede ser objeto de deliberación social excede los aspectos, dispositivos y actores institucionalmente determinados”.
Considerando lo anterior se entiende entonces la politización como un proceso en el cual se delimitan las fronteras, ampliando o restringiendo el campo de autodeterminación de la sociedad. La politización sería participación más interés en la política, lo cual, por supuesto no tiene nada de negativo, ya que politizar es “un intento de incorporar un asunto al campo político, es decir, al de las decisiones colectivas.
Dentro de un sistema democrático la opinión pública que constituye la base de este debe estar informada y preocupada por el accionar de los representantes políticos, tal como escribió Raymond Aron (politólogo, economista y sociólogo francés). “A mi juicio, la justificación más pertinente de la democracia no radica en la eficacia del gobierno de los hombres que se gobiernan por sí mismos, sino en la protección que aporta la democracia contra los excesos de los gobernantes”.
Tomando en cuenta lo anteriormente ilustrado, es pertinente preguntarnos, ¿qué rol juegan los derechos humanos entre la politización, la política y los derechos de la ciudadanía?, ¿realmente en la historia de nuestro país, se ha hecho un intento por incorporar los derechos humanos al campo político, o solo han sido fundamentos demagógicos? ¿Podríamos medir los avances institucionales de garantía de derechos humanos por medio de cantidad de solicitudes atendidas y respondidas? ¿Cómo afecta la falta de credibilidad institucional nacional a la credibilidad internacional de los derechos humanos? Estas estadísticas serían determinantes sobre todo al contrastarlas, para poder obtener evidencia histórica de debilidades que deben ser fortalecidas urgentemente.
En Honduras además de existir el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) desde el año en que se publicó nuestra vigente Constitución (1982), en el año 2013, se creó la primer Política Pública en Derechos Humanos y el Primer Plan de Acción por la primer Secretaría de Estado en Justicia y Derechos Humanos que pasó a formar parte de la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, en donde se reconocen diez poblaciones en condición de vulnerabilidad en Honduras, y se le da seguimiento al nivel de cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de los cuales este país es parte.
Sin embargo, más allá de la institucionalidad instalada como sistema de protección de los DH a nivel nacional, los fenómenos sociales actuales deben llevarnos a replantearnos, si en el día a día de cada persona se siente ese acompañamiento y protección que como ser humano ya tiene garantizada, ¿será que al ir a enseñar educación en derechos humanos a un hospital o una escuela pública, nos creerán que existen…?, como los promotores de los derechos humanos convecerían a una viuda, o a una madre que perdió a su hijo por negligencia hospitalaria, a un maestro sin recursos, a un niño que no tiene oportunidades, que los “derechos humanos existen y que tenemos derecho a que se nos garanticen” …en la práctica no hemos sido un verdadero respaldo del sistema democrático garantista de los derechos humanos.
Es importante reconocer los esfuerzos del actual gobierno al convocar a un diálogo y es lamentable la radicalización de la oposición, no esperemos caer en el fondo de la miseria humana, como cayó Venezuela, para darnos cuenta de que tenemos que recapacitar y superar nuestras diferencias sociales y económicas con solidaridad y apertura de oportunidades estructuradas de impacto masivo. Quisiera creer que no es necesario llegar a la confrontación extrema, para que construyamos una politización correcta de los derechos humanos que respalde, garantice y rescate la sostenibilidad del sistema democrático y de derecho.