Por Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
La crisis que viven hoy los sistemas de salud y educación en Honduras y que por más de un mes mantienen enfrentados a los gremios y el gobierno, son solo el fiel reflejo de una problemática que trasciende exclusivamente a ambos sectores por años estancados, es una crisis provocada por un Estado en desorden, sometido por la ineficiencia administrativa, la ingobernabilidad, y la falta de legitimidad.
Educación y salud han sido por décadas la materia retrasada de los gobiernos de turno, cada uno de ellos dijo en su momento tener la estrategia para la transformación y la eficiencia de ambas secretarías pero en la práctica fue todo lo contrario, este y anteriores gobiernos han fracasado al no contar con un verdadero plan para el desarrollo de dos áreas que son obligación constitucional del Estado.
El conflicto en la actualidad con los polémicos decretos PCM 026 y 027 es solo el detonante de una bomba de tiempo, salud y educación son los sectores a menudo sacrificados en la asignación presupuestaria para fortalecer a otros como seguridad y defensa, regularmente, y con muy raras excepciones, los funcionarios que llegan a ocupar la titularidad de estas carteras ministeriales son nombrados por afinidad, parentesco o compromiso político y no por capacidad y trayectoria de éxito.
La emergencia no es nueva, el fracaso de la política educativa agudiza las condiciones de pobreza y desigualdad social de la población, el acceso a la educación dista mucho de las exigencias de calidad, en este renglón no existe ni ha existido voluntad política para fortalecer la inversión en infraestructura y mucho menos para capacitación docente o dotar a las escuelas de textos y mobiliario adecuado.
El modelo de atención en salud por su parte no ha sido eficiente en la prevención y tratamiento de las diferentes patologías, no hay políticas públicas enfocadas en generar un sistema equilibrado que beneficie a los pacientes y priorice la asignación de recursos financieros para la protección social, la escasez de medicamentos es permanente y quienes buscan atención en los hospitales están expuestos a diagnósticos incorrectos y tratamientos inadecuados.
Para esconder esta visible ineficiencia gubernamental y ante las limitantes de personal calificado para resolver las crisis, se crean las famosas comisiones (de transformación, interventoras o como se llamen) y se aprueban decretos de emergencia que lejos de representar mayor posibilidad de solución, agudizan la falta de transparencia en las instituciones públicas.
¿Cómo puede una comisión enfrentar con éxito los problemas que el Estado mismo es incapaz de resolver? ¿Por qué en lugar de una comisión que supervise y le dé órdenes a un secretario de Estado no se nombran personas capaces, estrategas conocedores de los problemas? ¿Por qué el dinero que se pone a disposición de las comisiones no está disponible para inversión directa desde las secretarías de Estado?
El desinterés gubernamental es claramente visible, las estructuras directivas del Estado están formadas por un grupo de buenos amigos y no verdaderos equipos de trabajo, no hay conocimiento situacional de las instituciones y tampoco se cuenta con líneas estratégicas de trabajo en base a resultados de corto, mediano y largo plazo.
La experiencia nos dice que casi siempre las crisis postcomisiones fueron más agudas, ahora más que nunca es urgente que gobierno y gremios se sienten en la mesa del diálogo y en conjunto puedan encontrar ideas, diseñar planes o definir propuestas contundentes para alcanzar soluciones no para ellos, sino para la gente, que al final es la que sufre los efectos del conflicto.
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