Por segunda vez, jueces de la sala I del Tribunal de Sentencia reprogramaron para el lunes 3 de junio el inicio del juicio oral y público para los señalados de asesinar al fiscal Orlan Chávez (52), considerado por sus más cercanos como “Fiscal de Oro”, quien falleció en abril del 2013, por el estadio Nacional.
Chávez se desempeñó como Jefe de la Unidad Contra Lavado de Activos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO).
El debate, de acuerdo a lo que informó la portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Lucía Villars, será a las 10:00 de la mañana.
Villars detalló además que la reprogramación se debe a las diversas manifestaciones que se registran a nivel nacional lo que imposibilita el traslado de los imputados.
A juicio irán Luis Alejandro Castro Núñez (49) y el expolicía Wilmer Samuel Álvarez Pagoada (41), ambos considerados por el Ministerio Público como autores materiales del delito de crimen. Asimismo, la acusación abarca al entonces comisario de policía, Mario Guillermo Mejía Vargas (47), a quien se le ha girado orden de captura por el asesinato del abogado Chávez, por el que tendrá que responder ante la justicia hondureña una vez que culmine su proceso y condena por narcotráfico en Estados Unidos.
El hecho ocurrió el 18 de abril de 2013, a eso de las 8:15 de la noche, cuando el “Fiscal de Oro” regresaba de impartir cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a bordo de un vehículo Mazda BT-50, cuando fue interceptado por dos sujetos a 60 metros del puente “Juan Ramón Molina”, quienes sin mediar palabra abrieron fuego en contra de su humanidad.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) logró llevar el expediente a los tribunales de justicia gracias a la labor técnica y científica de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), cuyos agentes asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (UF-ADPOL), retomaron la investigación del caso, pudiéndose así acreditar la participación de las tres personas acusadas, dos de ellos miembros de la Policía Nacional.
La Operación Dignidad se ejecutó el 13 de febrero de 2017 y en el juicio se buscará obtener una sentencia condenatoria, el delito de asesinato de acuerdo a lo que se detalla en el Artículo 117 del Código Penal comprende una pena de 20 a 30 años de prisión, y cuando se cometiese mediane pago, recompensa o promesa remuneratoria, la pena será de 30 años de prisión a privación de por vida de la libertad.