Por Lourdes Flores
Periodista
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Según la organización Reporteros Sin Fronteras, “Honduras es un país de alto riesgo para ejercer el periodismo”, esos señalamientos se hacen evidentes con la nefasta estadística que revelan que desde el 2001 al 2019, 77 profesionales de la comunicación han sido asesinados, sus voces han quedado en el olvido de la impunidad, ya que el 92% de los casos están sin resolver.
El país cuenta con un Mecanismo Nacional de Protección, en el que se estima se han acogido más de 60 comunicadores, pero no ha sido suficiente para garantizar la integridad física de esta población; es así que existe una deuda pendiente del Estado con los trabajadores de la comunicación. Desde julio del 2015 al 30 de junio del 2018 se han atendido trescientos veinticinco (325) solicitudes de medidas de protección, de estos 42 son periodistas, y 25 comunicadores (as) sociales.
El Ministerio Público, tampoco da respuesta sobre los casos que van en aumento a pesar del mandato que tiene la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, de investigar y enjuiciar, por lo pronto no dan con los responsables materiales e intelectuales.
Durante la administración de Porfirio Lobo (2010-2013), se elevó el número de muertes violentas, entre ellos, el coordinador de noticias de la cadena radial HRN, no obstante que el periodismo representa una de las manifestaciones más importantes de la libertad de expresión e información, este sector está desprotegido.
Los trabajadores de la comunicación han sido objeto de amenazas, agresiones, exilio, censura y autocensura por poner en su agenda informativa temas relacionados con la narcoactividad, crimen organizado y corrupción; también desde las esferas gubernamentales se han gestado una serie de proyectos encaminados a limitar el ejercicio periodístico, es así que, el gremio se vio orillado a luchar contra la Ley de Secretos, 335-B del Código Penal que promueve la apología al terrorismo, la iniciativa de Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los actos de Odio y Discriminación en Internet”.
El nuevo Código Penal, en lugar de despenalizar los delitos contra el honor como ha sucedido en otros países, más bien incorporaran nuevos elementos, en tal sentido, “es sujeto penalmente responsable”, los periodistas, redactores, productores, directores de medios de comunicación, empresas de monitoreo y cualquier trabajador de este campo de los nuevos delitos que están definidos en el artículo 28, del capítulo V.
La Asamblea General de la ONU, aprobó una resolución en la que insta a sus estados miembros a hacer todo lo posible por prevenir la violencia contra los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, y asegurar que los autores de esa violencia rindan cuentas ante la justicia.
Honduras urge porque se despenalice los delitos contra el honor (difamación, calumnia e injuria), y convertirlas en una acción de carácter civil, y que pare las muertes innecesarias de los obreros de la comunicación que solo usan la pluma y su voz en defensa de la democracia y el pueblo hondureño.
¡¡Basta ya al uso de la fuerza política para callar a la prensa!!