Por Héctor A. Martínez
(Sociólogo)
La huelga promocionada por los gremios estatales de salud y educación se ha prolongado más allá del tiempo previsto por quienes dijeron haber socializado los decretos en pugna con los sectores populares. Es bastante probable que ese “pequeño” inconveniente no estaba escrito en el libreto del gobierno y pensaron que, quizás, con la habitual promesa de una posible derogación, podrían volver recargados en otra ocasión, mientras las aguas volviesen mansamente a su cauce.
Lo que debe quedar en claro, sin embargo, es que la presión ejercida por ambas dirigencias representa, en primera instancia, el temor a perder los privilegios que esas oligarquías han gozado durante esas décadas insanas, lo cual es bastante entendible desde el punto de vista de la estabilidad laboral. Para lograr revertir los cambios, empero, la lucha gremial debió convertirse en lucha política. Los médicos se han metido a jugar al grupo de presión, instruidos –no podían faltar–, por los avezados dirigentes magisteriales con quienes han formado una sola plataforma para contrarrestar el mandato del gobierno.
Hay quienes recriminan, y otros que se solidarizan con las revueltas. Los primeros aducen que los cambios debieron haber salido del mismo seno magisterial y médico, antes que el gobierno lanzara las controversiales reformas al presupuesto. Eso no iba a suceder nunca. En el otro extremo, los simpatizantes y los mismos líderes gremiales achacan al gobierno la aterradora aplicación de las “inhumanas reformas neoliberales” que implican un reacomodamiento del personal y una maximización de los recursos asignados para cada rubro. Los segundos, no dejan de tener la razón: la esencia reformista de los decretos proviene, no de ningún sector del Estado, sino, de los mismos organismos internacionales de financiamiento, a manera de recomendaciones que se plantean para que los gobiernos procedan a ejecutarlas con la intensidad que estos decidan. El Estado se convierte en un medio de resguardo, y los gobiernos deciden por cuál canal se aplicarán las transformaciones institucionales.
El miedo es natural: cualquiera, en la posición de los médicos y profesores, saldría a las calles a protestar contra los mandatos. Sin embargo, existe un problema financiero que no se puede dejar de lado. El Estado no es una sempiterna vaca lechera a la que se le puede extraer los recursos como si estos jamás se agotasen.
Desgraciadamente es una realidad que debemos aceptar: somos un país pobre y necesitamos capital financiero para atender las demandas institucionales de cada año. Un país, cuya economía crece a un ritmo bastante lento, no es capaz de generar la riqueza para que el Estado pueda insuflar los bienes institucionales que se requieren para satisfacer la demanda de los más necesitados; peor aún, cuando el gasto social, representado con un 25 por ciento, se destina para cumplir con los pagos de salarios de toda la enmarañada y kafkiana estructura burocrática estatal. Un gobierno irresponsable juega a la demagogia con los cambios institucionales. Un gobierno serio explica y socializa la necesidad de las reformas.
De todas maneras, el BM y el FMI están exigiendo transparencia y calidad de los servicios de salud y educaciòn. Al gobierno no le quedará más que entenderse con los gremios, y ver por qué otro lado le meterá la tijera al presupuesto, para cumplir con las obligaciones que ha asumido con los organismos internacionales de crédito. O bien, echará la mirada hacia otro renglón que deberá sufrir la impopular reducción presupuestaria. O se mantiene firme y asume el riesgo.
Pero que las reformas vienen, es una realidad incuestionable. Es simple cuestión de contabilidad y de asignación de recursos financieros.