Por Ángela Marieta Sosa
Especialista en derechos humanos
En Honduras las organizaciones de sociedad civil se encuentran debidamente registradas y reguladas en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), actualmente ascienden a más de doce mil inscritas, cantidad suficiente para evidenciar un ejercicio democrático del derecho de asociación, en aras del bienestar común y la democracia participativa, como objetivos realizables a través de un enfoque de corresponsabilidad social.
Dichas organizaciones pueden ser asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales de desarrollo sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, cuyo deber es fortalecer la democracia, el estado de derecho y ser complementarias a la gobernabilidad, no pueden ser un disfraz para evadir responsabilidades fiscales o para intereses personales, una trinchera ideológica política, un instrumento para ilícitos internacionales, este tipo de acciones lejos de fortalecer nuestro sistema socioeconómico lo ha debilitado y de no ser transformado, es propicia la fecundación de la conciencia social para la polarización ciudadana por tintes políticos.
Ahora mismo contamos con un marco jurídico que regula su funcionamiento, como lo es la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo y su respectivo reglamento, sin embargo, a pesar de la existencia de estos instrumentos reguladores, hay debilidades que deben ser consideradas para fortalecer criterios de actuación gubernamental y de sociedad civil.
En tal sentido el Estado debe velar porque todo lo referente a la armonización de estatutos se verifique en función del espíritu habilitante de la ley para este tipo de organizaciones y verificar si sus funciones obedecen a la finalidad de su creación.
En nuestro país las ONGD y las AC, se posicionan en el ámbito nacional, dependiendo del rubro al cual se dediquen, es pertinente referir algunas de las que se dedican a la promoción y protección de los derechos humanos, las cuales diseñan sus proyectos y planes de acción dentro de un enfoque de complementariedad y corresponsabilidad social, que busca de forma constructiva contribuir al desarrollo del país, lo cual es una posición válida, pero contraria a aquellas asociaciones civiles que, valiéndose del derecho que se les garantiza, se validan en el país y en el extranjero desprestigiando a Honduras, pues el escarnio les garantiza la obtención de fondos por parte de la cooperación internacional.
Ser titular de organizaciones de sociedad civil, es un honor, al que hace mérito quien posee valor ciudadano, respeto ante la ley y la autoridad, actitud inclusiva en espacios de sociedad civil de todos y todas aquellas que piensen distinto gobernantes o no, para generar debates democráticos que ofrezcan una satisfacción social consensuada e inclusiva, todo lo opuesto a esta escala de valores lejos de fortalecer el tejido social, profundizan su colapso, cooptando el libre albedrío ciudadano a través de una inducción manipulada con fines políticos desmedidos y ante los cuales estarían dispuestos a asumir los costos que sean, así fuese la vida misma de los incautos.
El surgimiento de estas organizaciones se fundamenta en la democracia liberal, que es el marco político que les habilitó su operacionalidad, dicho sistema no busca estandarizarlas en sus funciones, sino volver las diferencias estructurales sociales complementarias para un solo fin, el bienestar común mediante atenciones y servicios especializados conforme a la necesidad contextual de cada población vulnerable, el punto es, que este tipo de organizaciones deben ser reguladas por el Estado, para que no sean utilizadas con fines ilícitos y/o políticos vernáculos o de nuevas tendencias partidistas.
La libertad democrática, no implica libertinaje civil, lleva implícita una gran responsabilidad de todos los actores sociales incidentes en el país, cuando Honduras la asumió, no fue bajo la premisa de que “todo lo que se quiere, se puede” pues no todo lo que se quiere esta regulado por la ley, hay límites, ya que en la convivencia entran en juego los intereses económicos, derechos y deberes de cada persona, y es justo ahí donde debemos reflexionar y entender que ser utilitaristas no está mal, solo que, debe haber un equilibrio que busque que todos podamos ser beneficiados conforme a nuestras condiciones socioculturales, educativas, laborales y religiosas para un fin supremo, que sea superior al de vivir solamente para trabajar y pagar deudas; debemos dar a nuestras vidas un sentido en humildad, de servicio al prójimo, y que mejor podría ser, a través de las organizaciones de sociedad civil.