Por: Juan Ramón Martínez Los legisladores deben ser cuidadosos. No todo lo que llega al Congreso debe ser aprobado sin estudio profundo previo por los diputados. Tanto los proyectos de ley que tienen que ver con regulaciones políticas, como aquellos de carácter penal, deben ser estudiados minuciosamente. Y si son copias del exterior, investigados sus resultados. Es público que algunos policías, fiscales e incluso jueces, han convertido la acción penal, en un acto de venganza. O en una acción para quedar bien con gobiernos amigos. O políticos influyentes. Y para satisfacer sus propósitos, buscan que en Honduras se introduzcan legislaciones usadas en países más desarrollados, como es el caso del “testigo protegido”, muy popular en Estados Unidos, una sociedad en la que esta institución tiene capacidad suficiente para proteger a un testigo que, habiendo participado en una acción delictiva, denuncia a sus cómplices. El sistema judicial hondureño es diferente. La capacidad de los Estados Unidos para dar protección a los testigos es extraordinaria. Aquí no la tenemos como deseamos. De forma que, el que denuncia a sus cómplices, tiene que enfrentar la venganza del denunciado que, desde las cárceles incluso, puede contratar a sicarios que actúan en una confirmada impunidad entre nosotros. El “testigo de línea”, en delitos menores, es el único antecedente que recuerdo. En Guatemala, instado por la Cicig, se emitió una legislación parecida a la presentada al Congreso Nacional. Igual que allá, se le conoce como “Ley de Colaboración Eficaz”. No somos muy originales. De repente es una simple copia. Antes de aprobar esta legislación que, puede prestarse para la venganza y el manoseo de la justicia, porque algunos fiscales están ansiosos por obtener resultados y conseguir titulares en los periódicos, conviene estudiar los resultados observados en otros países. Con calma y objetividad. En un periódico guatemalteco leemos que: “El empresario José Estuardo Valdez Paiz, quien fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un abogado que inculpó en un video al entonces presidente Álvaro Colón, falleció el viernes en ciudad de Guatemala. Su hermano Francisco José, quien también permaneció detenido por el mismo caso, explicó que José Estuardo padecía de una colitis ulcerosa que le generó un problema en el hígado. Los dos hermanos fueron capturados en el 2009 como supuestos autores intelectuales del asesinato de Rodrigo Rosemberg, quien en un video inculpó de su crimen al presidente Álvaro Colón y a su esposa, Sandra Torres. En la investigación realizada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), entonces dirigida por el español Carlos Castresana, se determinó que el abogado planificó su propio asesinato. Los hermanos Valdez fueron inculpados en el hecho, por un “colaborador eficaz” (Luis Mario Paz) de la Fiscalía y la Cicig, pero en 2003 un año antes de morir, se retractó y dijo que había sido obligado por un fiscal del Ministerio Público para que señalara a los empresarios del crimen. En 2013 fueron puestos en libertad”. Los fiscales de Honduras y Guatemala, no siempre son convenientemente supervisados internamente y vigilados por la sociedad. Hace poco, un fiscal fue acusado por la parte defensora de un empresario encarcelado por la muerte de Berta Cáceres, de haber alterado el contenido de conversaciones telefónicas entre la fallecida ambientalista y un particular. El fiscal general no ha ordenado la investigación correspondiente, olvidando que el Ministerio Público, tiene además de la responsabilidad de enjuiciar a los implicados, la obligación de defender a los inocentes, absteniéndose de seguir casos en que no tenga pruebas, creíbles por los jueces. Esta misma semana un tribunal, por mayoría, declaró inocentes a 20 indiciados, porque la Fiscalía no aportó pruebas convincentes. Varios han criticado a los jueces; pero nadie ha revisado el trabajo de los fiscales. Hay que ver todo en función de la seguridad y el desarrollo nacional. Debemos analizar la capacidad de los fiscales para presentar casos, bien fundamentados. De forma que los jueces, puedan tomar decisiones, basados en pruebas indubitables. En este momento la Ley de Colaboración Eficaz, sería un premio a la incompetencia. Aumentaría el riesgo que la justicia se transforme en acción vengativa, desconociendo el estado de inocencia y negando el debido proceso. Porque cada quien, prevalido del odio, o aprovechando la “ley”, puede hacerse justicia con su propia mano. Contratando sicarios armados. O verbales.]]>
