Rodolfo Ochoa Álvarez Dr. en Gestión de Desarrollo El SANAA inició su actividad en el año 1961 administrando 150 sistemas de agua y fondos atinentes al apoyo para crecimiento de las comunidades del país; estos fondos provenían del tesoro nacional y cooperación externa con empréstitos y fondos no reembolsables del BID, BM, JICA, BCIE, Cooperación Española, COSUDE, Holanda, Corea, Alemania, Suecia, UNICEF, CARE, Francia, BANMA, AID/USAID, Italia y otros financiados a través de programadas. Previo al huracán Mitch, SANAA manejaba la responsabilidad de infraestructura y asistencia técnica cuando sucede el primer descalabro institucional, los fondos de inversión habían sido cortados y se manejaba un presupuesto reducido de 62 millones de lempiras en 1998 previo al huracán, contrastando con la cantidad de 201 millones de lempiras manejados en el año 94 y que las políticas internacionales de cambio sectorial demandaban su reducción en el proceso de negociación nacional de la Ley Marco de Agua Potable y saneamiento y en el marco de financiamiento para el país. Con la llegada del huracán Mitch el gobierno se vía en la obligación de detener esta política financiera en agua y en el 1999 se presupuestaron 680 millones de lempiras, siendo el pico máximo en 2002 con 867.4 millones de lempiras, tiempo en el cual se recuperó la infraestructura nacional en el orden de 1,700 acueductos destruidos; no obstante se planificó en 2003, con el objetivo de restaurar no menos de 1,600 sistemas de agua (al margen del incremento económico necesario nacional derivado del crecimiento poblacional que se duplica en promedio cada 20 años). No obstante, lo anterior, el financiamiento presupuestario de nuevo se fue disminuyendo reiniciando con más de 762 millones de lempiras en el 2004. Año con año el financiamiento sectorial (diferente al de operación de servicio vía tarifa), continuó reduciéndose, mientras tanto se realizaban las transferencias de acueductos sin que existiese una política financiera sectorial y que honre el pasivo laboral de los empleados que eran pagados con esos fondos de los proyectos de inversión, hasta llegar a una nueva crisis institucional en el año 2015 fuera de la culpabilidad de los empleados, no obstante que aún se tenía proyectado en ese año un funcionamiento intermedio por la cantidad de 346.6 millones de lempiras; el motivo, el despido de empleados sin proporcionar sus prestaciones que desencadenó una serie de demandas a la institución. No obstante, en 2018 el financiamiento presupuestado bajó a un poco más de 64 millones de lempiras, similar al del año 1998, quedando cientos de empleados a la espera de su retiro sin que se avisore un plan real de solución, al contrario, los techos financieros aprobados para el SANAA en el periodo 2012-2020 indican para el presente año únicamente una cantidad menor a los dos millones de lempiras para un grupo pequeño de empleados de la institución aglutinados en la Secretaría Técnica del CONASA. Como se observa cualquier acción que se revierta en contra de los empleados, es independiente de su responsabilidad personal, pero también independiente de la planificación institucional porque el empleado no tiene la potestad de generar el financiamiento y como funcionarios no se atendió la planificación y reorientación financiera necesaria para continuar generando proyectos de agua y alcantarillado para satisfacer las demandas del crecimiento poblacional. En el marco legal y en atención a la Ley Constitutiva del SANAA (1961), esta institución tuvo financiamiento vía tarifa y transferencias de gobierno para proyección nacional para proyectos de inversión y asistencia técnica sectorial desde sus inicios, tiempo en el cual se construyeron la mayor parte de los acueductos a nivel nacional. Por otro lado al amparo de la Ley Marco (2003) se continuó con el financiamiento sectorial iniciando ese año presupuestario con más de 700 millones de lempiras, reduciéndose el presupuesto como dijéramos año con año y culminando en 2018 con 64 millones sin que el Estado previera honrar los beneficios laborales de los empleados que fueron disminuyendo en actividad por falta de financiamiento y que la Ley Marco contempla las transferencias por medio de finanzas cuando estas son debidamente justificadas al amparo de esta ley. Hoy, la dirección del SANAA la tiene la Junta Directiva y Gerencia por ley, la Alcaldía Municipal tiene la administración indirecta dentro de este ente estando pendiente el traspaso de los principales sistemas de abastecimiento de agua, entre ellos el de Tegucigalpa, que comprende el 77% de los abonados de la institución. Es importante valorar las leyes y el antecedente financiero sectorial para la toma de decisiones adecuadas tomando en cuenta el derecho humano al agua, que en este caso compete al usuario del servicio y que ya no soporta el racionamiento del agua en el país, pero en general es importante también valorar a los empleados que honraron el crecimiento del mismo a través del insumo básico y de vida que es el agua en más de 7,000 comunidades incluyendo el sector urbano. Esperamos que la política sectorial aún vigente cambie en estos momentos que a nivel mundial se establece en agua potable y saneamiento la estrategia de agua corriente en vivienda en todas las comunidades bajo el eslogan “Que nadie se quede atrás” y como indicadores de eficiencia los objetivos del desarrollo sostenible (ODS6) impulsados por la ONU a través de lo ODS, referentes al agua en cuenca hidrográfica y al agua en las comunidades. Una autoridad única del más alto nivel ministerio podría hacer la diferencia considerando que el agua además de constituirse en un derecho humano, es un recurso estratégico para el desarrollo.]]>
