Por Marcio Enrique Sierra Mejía Ángela Marieta Sosa Veroy En el campo de los derechos humanos también se incluye el hecho social de la deforestación por incendios y el papel del Estado a través de la Fuerzas Armadas, como un tema de suma importancia para tratarla como política pública porque el bosque es un bien público. Precisamente este es el tema que trata la abogada Ángela Sosa Veroy en el presente artículo que se publica en esta ocasión. Honduras es un gran país y sus profundidades y tierras atesoran una gran riqueza natural biodiversificada en su flora y fauna, y la hace una gran reserva de oxígeno a nivel mundial, sin embargo, cada año a partir del mes de marzo, se presenta el fenómeno de los incendios que aumentan la desforestación, volviéndose un problema social complejo que debe ser abordado desde la prevención en la esfera gubernamental y ciudadana, bajo una óptica multicausal, y no desde la reacción inminente, asimismo cada año a diferentes medios de comunicación llegan opiniones sobre la obligación de proteger los bosques que deben cumplir las Fuerzas Armadas, sin embargo, la pregunta es, ¿y qué hacemos la ciudadanía además de señalar la ausencia de protección forestal por parte del Estado?, ¿quién es el responsable?, ¿existe y funciona en Honduras un sistema de protección al medio ambiente? En estricto derecho, la Constitución de la República en su artículo 274 reza que las Fuerzas Armadas… Cooperarán con las secretarías de Estado y demás instituciones, a pedimento de estas, en labores de alfabetización, educación, agricultura, protección del ambiente, vialidad, comunicaciones, sanidad y reforma agraria, y esta obligación condicionada a un pedimento institucional es severamente juzgada cuando comenzamos a sentir el humo producto de los incendios. En el 2017 el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) declaró que los incendios que están ocurriendo actualmente dañan nuestros derechos a la salud, al agua, a la propiedad, a un ambiente sano, al desarrollo sostenible y por ende a una vida digna (Diario El Tiempo 15 de abril del año 2017), consecuentemente la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre en Honduras endureció la pena de 6 a 12 años de cárcel para los declarados pirómanos por juez competente, así mismo se hizo un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Fiscalía de Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Ambiental, obteniéndose la primer sentencia condenatoria por comisión del delito de incendio forestal en contra del Parque Naciones Unidas del “El Picacho”. Tomando en cuenta lo descrito en el párrafo anterior, es oportuno reflexionar sobre la pésima actitud paternalista estatal y conformista que nos tiene como país en el atraso en materia de reforestación y desarrollo sostenible, seamos sinceros y reconozcamos nuestra poca cultura de respeto al medio ambiente y accionemos todos y todas proponiendo desde la sana crítica con una visión complementaria al gobierno, las medidas inminentes de atención, control y prevención de incendios, reforestando las zonas afectadas; este año, ya estamos por encima de los cuatro mil doscientos cincuenta y siete hectáreas destruidas a causa de incendios forestales, y qué hacemos al respecto, deberíamos comenzar porque cada alcalde de los 298 municipios en el mes de febrero de cada año instruya a su comunidad para que a través de sus líderes prosociales hagan uso del recurso humano de escuelas, colegios y universidades para la implementación de programas de reforestación, financiadas por la misma comunidad, además de que el mismo alcalde (a) debería condicionar empleo para que las personas de cada localidad puedan hacer una guardia forestal con fines turísticos y de preservación del medio ambiente. Finalmente, las circunstancias nos llaman a la participación ciudadana complementaria en la búsqueda del bienestar ambiental, a entender que derechos humanos a un medio ambiente sano es un concepto que pertenece a todos y todas, que ya sobrepasó el estigma de pertenencia a una ideología política determinada (izquierda) y de obligatoriedad solo para el Estado, ya que desde un enfoque de ponderación, cada habitante tiene un grado de responsabilidad y un espacio de libre decisión para actuar en favor de esta problemática y es ahí donde nos damos cuenta que la garantía de conservación forestal concebida inicialmente como exclusiva responsabilidad estatal, es un deber no solo del gobierno sino de la ciudadanía, en virtud de que el contexto y la época han cambiado y la democracia nos habilita la participación en libertad para mejorar nuestro medio ambiente y reforestar, entre otras acciones a implementar desde la familia, la escuela, la iglesia y la comunidad; realmente debemos trascender a la teoría de que solo el gobierno orgánicamente instalado debe condicionar, satisfacer y garantizarnos el desarrollo sostenible, aquí en Honduras la responsabilidad de proteger nuestra forestación ahora es asunto de los habitantes de este país ya sea como gobernantes y/o gobernados. 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