SOBRE estos incendios forestales en el perímetro de la ciudad, que a todos mantiene en vilo, que amenazan las fuentes de agua, provocan calores insoportables, hay inquietudes planteadas por la autoridad que lejos de tranquilizar inquietan. El director del Comando de Apoyo y Manejo al Ecosistema y Ambiente, sobre esta última quema en la aldea de Carpintero, que llegó hasta zonas residenciales de El Hatillo, decía lo siguiente: “Lo raro es que estos incendios –en predios privados, de propietarios de áreas boscosas– están ocurriendo en lugares donde pretenden hacer más lotificaciones”. La inquietud de cualquier reportero acucioso sería indagar, ¿y por qué la alcaldía da permisos de construcción en estos lugares incendiados? O ya por el lado de investigar el delito, ¿no constituyen estas pistas que abran los ojos como para dar con el paradero de los pirómanos?
La misma autoridad se pregunta: “Lo que se busca conocer es si la quema se hizo con la intención de reducir el patrimonio verde, para venderlo en lotes”. Perfecta deducción. Así que adelante, que la lucha es constante, investiguen. Además de ello, algo que merece mención de reconocimiento. “En las labores de combate al incendio en Carpintero, participaron más de 120 elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA), conjuntamente con cuadrillas de Fundación de Parques Nacionales, de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y miembros del Cuerpo de Bomberos”. De no ser por el valiente empeño de esos valiosos servidores públicos, los capitalinos estaríamos mucho más sancochados. Ahora bien. El jefe de Protección Forestal del ICF, agrega a lo anterior: “Tenemos un registro que más del 60 por ciento de los incendios son en propiedades de tenencia privada, a pesar de la obligación de los mismos de realizar tanto actividades preventivas como combativas”. ¿Y de qué sirve tener registros si no hay acciones que se emprendan para dar con los fosforitos alegres? Otra aclaración de la autoridad que lejos de tranquilizar inquieta: “El 98% de los incendios son provocados”. Si saben que son provocados, ¿dónde está el resultado de las pesquisas que se hayan hecho para poner a los responsables a la orden de la justicia? El último remedio lo dio, en carne y hueso, el ministro director de ese Instituto de Conservación Forestal, anunciando que enviará una iniciativa al Congreso Nacional para endurecer las penas. (En la actualidad los daños ecológicos pueden acarrear sanción de entre 6 meses a 12 años de cárcel).
Así que la pregunta obligada es la siguiente: ¿A cuántos pirómanos han agarrado –si el 98% de los incendios son provocados– para que puedan purgar siquiera esos 12 añitos de cárcel que ya contempla la ley? Y la otra deducción. ¿De qué servirá endurecer las penas como remedio al mal, si no tienen detenidos a quien aplicárselas? Bien pudieran aspirar con sentenciar incendiarios a la pena de muerte y lo mismo da. ¿A quién se la van a imponer si no tienen forma de dar con los que cometen el delito? Igual que esa otra inocentada. Que permitiendo al ciudadano registrar solo 2 armas de fuego van a acabar con la criminalidad. Si eso lo que hace es dejar indefensa a la ciudadanía honrada que registra sus fierros. Cuando los que cometen los crímenes no andan con armas registradas –ni en broma sueñan con irlas a certificar– sino con un arsenal de armas clandestinas. Para evitar que cometan crímenes lo que se requiere es capturarlos. La vaina es, ¿cómo hacer para pescarlos antes que los cometan? Igual esto. Para que las penas sirvan de escarmiento a los incendiarios, hay que comenzar por detenerlos.