EL diálogo que promueve el gobierno sandinista con la oposición –monitoreado por una delegación especial que envió la OEA– volvió a quedar suspendido después de producirse un centenar de detenidos, entre ellos varios miembros del Frente Cívico Opositor que acuden a las pláticas, por participar en las protestas. Como es de público conocimiento de la agenda se extirpó la exigencia de los opositores durante la primera ronda para adelantar las elecciones generales instalando un gobierno de transición. En esta ocasión ninguno de los obispos de la Conferencia Episcopal a los que Ortega y la “Chayo” mandaron a oficiar misa a otro lado dizque por haberse parcializado, quiso participar en las pláticas ni servir como testigo. Sencillamente respondieron a la invitación que se mantendrían en oración –amparándose en la sacrosanta majestad de la palabra– rogando porque las partes encuentren una salida. Los norteamericanos, absortos en la crisis venezolana, siempre de reojo no pierden de vista lo que sucede en Nicaragua. Voceros del Departamento de Estado repiten que si bien están centrados en resolver la crisis de Nicaragua mediante “la acción política” igual que en Venezuela “no descartan ninguna otra opción”.
Cada vez que exteriorizan esa posición, se arma el bullicio sobre si implícito en ello se contempla la “acción militar”. Sin embargo se limitan a la esfera de lo inmediato. Ello es que, por el momento, “trabajan junto a varios países occidentales, europeos y asiáticos para defender los derechos humanos como único camino aceptable hacia la democracia y el desarrollo económico sostenible” frente al autoritarismo que vive el país desde hace doce años. Advierten que “el régimen de Ortega continúa optando por la represión y la violencia sobre los derechos humanos y las aspiraciones democráticas del pueblo nicaragüense” y a la vez exigen “la libertad de todos los presos políticos” –entre 800 y 1,000– empero no se dejan sorprender por la excarcelación de algunos, ya que la inmensa mayoría “continúa bajo arresto domiciliario”. Pese a lo complejo de la situación en Nicaragua el vocero del Departamento de Estado considera que el proceso de diálogo, que cuenta con el apoyo de los opositores, agrupados en la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia”, “va a funcionar”. El último aviso de Washington fue el siguiente: “Llamamos al régimen de Ortega a poner en libertad de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente; respetar la libertad de reunión y expresión de los nicaragüenses; y comprometerse con realizar reformas electorales y celebrar elecciones anticipadas libres y justas”.
Pues bien, pese a que se creía que ese punto de las elecciones anticipadas ya no era una exigencia de la oposición, vuelve a colocarse en el tapete. La delegación especial enviada por la OEA –en días anteriores el comandante Ortega y el Secretario General se pusieron de acuerdo en impulsar un paquete de reformas electorales para apaciguar los ánimos y dejar de agitarle en la cara al comandante la Carta Democrática– anda en gestiones mediadoras con las partes en conflicto, buscando forma que el diálogo pueda reanudarse. Quejas de uno y de otro lado. Si bien allá –nada parecido a los políticos de acá que suplicaban injerencia– nunca solicitaron mediadores externos con facultades vinculantes, dependerán de los buenos oficios de estas comisiones ajenas para lograr acercarse.