DE pálpito en pálpito han estado nuestros compatriotas inmigrantes que, siguiendo los destellos de la estrella del norte, partieron en busca de horizontes más despejados. Son cientos de miles de ellos que están allá, que migraron por distintas razones. Los más antiguos llegaban en barco, durante el auge comercial de las transnacionales bananeras. El punto de encuentro era Nueva Orleáns y Nueva York. Pero en época más reciente, la otra oleada migratoria fue durante la década de los años ochenta, capeando la violencia. La región se había convertido en un campo de Agramante de cruentas luchas intestinas. Este fue el centro de las vorágines tempestuosas de la Guerra Fría. De movimientos insurreccionales aupados por Fidel –y el líder de la revolución cubana, gravitando en la órbita de Moscú– intentando repetir el ensayo de la isla que había conseguido despertar hondos sentimientos de rebeldía en los pueblos latinoamericanos.
En Nicaragua la revolución sandinista derrocó la dictadura de los Somoza. El último de ellos, cuando el desenlace se presentía inminente perdió incluso el apoyo que, como fiel aliado a la política anticomunista, habían tenido con los Estados Unidos. En El Salvador los grupos guerrilleros lograron controlar casi la mitad del territorio en un duelo de fuerza contra el poder autocrático de turno. Financiaban su lucha, aparte de la asistencia y armas que les llegaba de sus mentores, cobrando un “impuesto de guerra”. En Guatemala parecido enfrentamiento terrible contra otra dictadura. Honduras osciló en etapas prolongadas de gobiernos uniformados. Pero pudo recuperar su Estado de Derecho, y escapar el torbellino que azotaba la vecindad, convocando a elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones, no exentas de la incredulidad inicial que fueran a producir buen resultado, no solo sorprendieron por la alta participación ciudadana, después de un prolongado período de sequía institucional, sino sirvieron de ejemplo como salida política a las encrucijadas. Sin embargo, el país cargaba con el peso de unos 350 mil refugiados a lo largo de sus cordones fronterizos, albergando vecinos que huían de la convulsión desatada en sus hogares. Los connacionales, desplazados de sus tierras por esta masiva ocupación, como por la contrarrevolución instalada en nuestro territorio por el gobierno norteamericano para confrontar el sandinismo, no tuvieron otro remedio que salir disparados hacia los Estados Unidos.
Aún así, mientras los originarios de los países vecinos obtuvieron concesiones de estadía –en mérito a su conflicto interno– los desplazados hondureños eran víctimas de las deportaciones, arguyendo que aquí no había habido guerra civil. Hasta que nos golpeó el salvaje huracán que desfiguró en cientos de pedazos la geografía nacional. Tuvimos cerca de 2 millones de damnificados; casi la tercera parte de la población de aquel entonces, sufrió pérdidas irrecuperables. El gobierno hondureño gestionó un manto de protección, por razones humanitarias y una moratoria a las deportaciones para los compatriotas inmigrantes, lo que dio origen al Estatus de Protección Temporal (TPS) que fue extensivo a los demás países centroamericanos y caribeños. Desde entonces, las remesas familiares que apenas llegaban a unos $250 millones han crecido exponencialmente hasta alcanzar los niveles de $4,900 millones de ahora, que sirven de respaldo insustituible a las divisas, a la relativa estabilidad del lempira, al ingreso familiar de los parientes que las reciben, a la actividad comercial y el mayor consumo en el mercado, como al desarrollo de la economía nacional.