El secretario de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación Especial de la Policía Nacional, Omar Rivera, dijo que “vamos bien pues me parece que estamos transitando por el sendero de lo correcto”, pero falta un tramo muy largo “y no hay que quitar el dedo de la llaga”.
Rivera reaccionó de esa manera, luego que la organización Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP) evaluó la tasa de homicidios en 50 ciudades del mundo.
En el informe aparece San Pedro Sula en el lugar 33 y el Distrito Central (Tegucigalpa) en el 39, es decir, que dejaron de ser las ciudades más violentas del mundo y se alejan más de esos lugares.
San Pedro Sula y Tegucigalpa por mucho tiempo aparecieron entre las 5 ciudades más violentas.
Este ranquin hizo un grave daño a la economía por lo que hoy, la misma organización reconoce que Honduras es un ejemplo por sus avances.
En ese sentido, el experto dijo que “los indicadores plantean que la tasa de homicidios anda entre 40 y 45 homicidios por cada 100,000 habitantes en los centros urbanos, afirmó.
Sin embargo, “habrá que recordar que San Pedro Sula en particular llegó a ser considerada la ciudad más violenta del mundo”, agregó.
Es decir, esa era la ciudad que en el planeta tenía la tasa de muertes violentas más alta y era una situación dramática y penosa, comentó.
“Ahora que se ha avanzado, hay un tramo recorrido y hay que reconocer que se han tomado algunas medidas que son muy importantes”, destacó.
“Creo que quedan dos retos: Que, en este informe de las 50 ciudades más violentas del mundo, ya no aparezca San Pedro Sula ni Tegucigalpa, incluidas en ellas”, sugirió.
Además, que el gobierno de la República, en conjunto con otros operadores de justicia, particularmente como el Ministerio Público (PM), las Fuerzas Armadas de Honduras y el Poder Judicial, puedan impulsar algunas medidas diversificadas que no solamente tengan que ver con la represión del delito y con el descabezamiento de carteles del narcotráfico y maras y pandillas, planteó.
Rivera dijo que ese ha sido un factor determinante, pero es insuficiente para transitar en el otro tramo que es bajar la tasa de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es donde estamos actualmente al promedio latinoamericano que anda más o menos entre 15 y 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, propuso.
POLÍTICA
En términos generales, dijo que la política pública de represión del delito, ir tras la cabeza de aquellos que comandaban bandas del crimen organizado, carteles del narcotráfico, ha dado como resultado lo que establece el informe.
De igual manera, hay que sumar la concatenación de fuerzas de distintos entes del Estado como la Secretaría de Seguridad, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, la labor complementaria de la Policía Militar y de Orden Público (PMOP), agregó.
Citó incluso la acción efectiva por parte del Ministerio Público (MP) y el juzgamiento y castigo de los distintos tribunales de justicia han dado resultado.
PENAL
Rivera subrayó que en el caso particular de San Pedro Sula, un factor determinante fue el cierre del Centro Penal Sampedrano”.
“La cárcel de San Pedro Sula se constituía, más que en una correccional, era un centro de operación de los bandoleros y criminales en el país”, expresó.
De igual manera, la política penitenciaria, pese a que todavía está inconclusa y todavía hay algunas fallas, tiene que ver en eso, agregó.
En el caso particular del cierre del penal de San Pedro Sula colaboró mucho para que se redujera la tasa de homicidios, reconoció.
Pero de frente al futuro hay unas políticas que son fundamentales, planteó.
Por ejemplo, para reducir la tasa de homicidios en este segundo tramo de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes hacia abajo, se necesita diversificar la acción del Estado, sugirió.
Ahí se debe tomar en cuenta la prevención de la violencia, la atención a los grupos de mayor gobernabilidad como la niñez y la mujer, afirmó.
De igual manera, hay que poner atención a un fenómeno que muchos creen que las muertes violentas se dan como consecuencia de los narcotraficantes y los mareros, recomendó.
“Hay un problema de riña interpersonal, hay un problema de violencia doméstica”, denunció.
En el sector rural, hay un problema de alcoholismo que debe ser atendido, dijo.
Se deben impulsar iniciativas que vayan a fortalecer la capacidad del Estado para investigar e implementar acciones de inteligencia y de esta forma luchar de la manera más efectiva, luchar contra estas expresiones, concluyó.