Por Aldo Romero
Periodista y catedrático universitario
Con suma preocupación escuchamos hace unos días que a nivel de gobierno hay alarma porque las cárceles ya son insuficientes para tanto “criminal” capturado y que se piensa seriamente en construir un nuevo centro penitenciario de máxima seguridad, en un lugar remoto y apartado de toda posibilidad de comunicación de los privados de libertad con el mundo exterior.
Con igual o mayor intranquilidad se conoció de la intención gubernamental de comprar un edificio para la sede diplomática en Washington, y para este fin, se aprobó un presupuesto de hasta ocho millones de dólares (unos 196 millones de lempiras), para que la Cancillería proceda en ese sentido, los fondos serán desembolsados directamente por la Secretaría de Finanzas.
Qué decir de la mayúscula sorpresa que se llevaron cientos de derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que perdieron sus citas o dejaron de recibir sus medicamentos ya que se autorizó un insólito feriado a nivel nacional celebrando el “Día del Empleado”.
En el presupuesto general de la nación para 2019, los recursos asignados a la Secretaría de Defensa duplican la asignación en áreas sensibles y urgentes como el sector salud, en donde se agudiza cada vez más la crisis de medicamentos, los quirófanos en mal estado y con equipo obsoleto y la escasez de personal de atención médica y de enfermería.
Crece de manera constante y en grandes proporciones el respaldo financiero a Seguridad y en contraste se reduce el de Educación, se garantizan los recursos para el salario de los diputados y el fondo departamental (subsidios) y se diluyen las posibilidades de un ingreso digno para la mayoría de hondureños.
Honduras es un país al revés y de prioridades invertidas, una nación cuyos gobernantes acostumbraron a la gente a vivir del discurso y las promesas, pero que sus ejecutorias están y estuvieron muy lejos de procurar el bienestar social mediante políticas y acciones encaminadas al desarrollo y al mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes.
Un gobierno responsable y claro en su compromiso con las mayorías, enfoca sus esfuerzos en resolver problemas urgentes como un sistema de salud público y digno por ejemplo, en donde el sujeto principal sea el paciente, o por qué no pensar en un servicio eficiente de distribución de agua potable, o más aún, invertir racionalmente recursos en la construcción de escuelas y en aplicar verdaderos programas de educación que permitan cambiarle el rumbo de vida a las nuevas generaciones.
Las distancias son abismales entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se invierte y los resultados obtenidos, cuando se gobierna bajo prioridades invertidas se le da la espalda a la gente, no hay una visión de corto, mediano o largo plazo, lamentablemente, en política pareciera que lo importante es llegar y una vez en el poder vale lo que se publicita aunque no se haga, la violencia, la lucha contra la corrupción, la falta de agua, el alto costo de la vida, la crisis en salud, educación, vivienda, energía y hasta las reformas político-electorales son solo temas de moda, pero nada en concreto.
El establecimiento de prioridades es una tarea ineludible en entornos marcados por necesidades ilimitadas y recursos escasos, para esto se requieren administraciones eficientes, enemigos de la improvisación y orientadas en resultados.
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