El juez de letras penal con jurisdicción nacional en audiencia de declaración de imputados, resolvió imponer la medida de detención judicial al comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, Ambrosio Maradiaga Ordóñez (61), señalado por el delito de lavado de activos.
Tras leerle sus derechos y el ente fiscal brindó detalles sobre los hechos de la acusación, ante la naturaleza de los delitos, la gravedad de la pena y imposibilidad de otorgar medidas cautelares distintas a la detención judicial, el juez lo remitió al primer batallón de infantería, a petición de la defensa técnica del encausado, ya que él tiene hijos que son miembros de la Policía Nacional y su vida podría peligrar, dijo la defensa.
La audiencia inicial quedó programada para el próximo jueves a las 9:00 de la mañana, en ese mismo juzgado.
Maradiaga Ordóñez fue detenido por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), del Ministerio Público, el sábado anterior en su residencia en Guaimaca, Francisco Morazán.
El comisionado policial fue trasladado desde el juzgado de letras penal del barrio La Granja, donde quedó en calidad de depósito el domingo anterior, bajo resguardo de ese juzgado, hasta la sede donde funciona el circuito en materia de extorsión y se encuentra el juzgado de jurisdicción nacional hasta donde fue presentado.
Al momento en que se disponía a ingresar a la sede judicial, el comisionado retirado al descender de una unidad de microbús donde fue movilizado, mostrando sus manos que se encontraban esposadas en ese momento expresó, “yo no tengo nada soy completamente inocente”.
En las afueras del juzgado, los familiares, empleados y amigos del jerarca policial, esperaban atentos para conocer sobre lo que resolvería el juez.
De acuerdo a la investigación de agentes de la ATIC asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial UF-ADPOL, Maradiaga Ordóñez en un período de siete años, que comprende 2007 – 2014, presentó una incongruencia patrimonial, luego de realizarsele un análisis financiero.
La UF-ADPOL y la ATIC, logró establecer que en ese período el detenido ha realizado movimientos financieros atípicos de casi siete millones de lempiras, siendo en 2010 el año que más incrementó el ingreso de sus cuentas.
En ese contexto, luego del estudio de la Unidad de Análisis Financiero del MP, la investigación refleja un patrimonio no justificado de seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil ciento trece lempiras y noventa y tres centavos (L6,855,113.93).
El excomisionado Ambrosio Maradiaga Ordóñez se desempeñó en altos cargos dentro de la institución policial, destacan dentro de su carrera la jefatura departamental de Choluteca e Islas de la Bahía, inspector general de la Policía y subdirector de la Dirección Nacional de Tránsito, en aquel momento.
El ahora imputado ingresó a la Policía Nacional con el grado de subteniente en fecha 21 de diciembre de 1981 y solicitó su retiro voluntario en fecha 29 de enero del año 2014, ostentando en esa fecha el grado de comisionado.
ASEGURAMIENTOS
La ATIC procedió ayer al aseguramiento de 23 bienes muebles e inmuebles y productos financieros, propiedad del imputado, dentro de estos bienes, destacan 2 viviendas, 10 terrenos, 4 vehículos y el congelamiento de 7 cuentas bancarias que ascienden a más de 3 millones de lempiras; los bienes inmuebles están situados en Guaimaca y Comayagüela.
De acuerdo a la investigación de agentes de la ATIC asignados a la UF ADPOL, Maradiaga Ordóñez en un período de siete años, que comprende 2007 2014, presentó una incongruencia patrimonial, luego de realizársele un análisis financiero, se estableció que en ese período el detenido realizó movimientos financieros atípicos por el orden de los 7 millones cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos treinta y dos lempiras y cuatro centavos (7,499,232.54), siendo en 2010 el año que más incrementó el ingreso de sus cuentas.
En ese contexto, luego del estudio de la Unidad de Análisis Financiero del MP, la investigación refleja un patrimonio no justificado de seis millones ochocientos cincuenta y cinco mil y tres centavos (L6,855,113.93).
Cabe mencionar, que la medida de aseguramiento impuesta sobre los bienes del encausado ha sido inscrita ante el Instituto de la Propiedad (IP), luego que el Ministerio Público la solicitara y así lo autorizara un juez competente. (XM)