En los próximos días, los empresarios tocarán las puertas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Coalianza, por suponer que está en riesgo la competitividad del país por la concesión del Puerto Bocas del Henecán, en San Lorenzo, Valle.
Así lo anunció ayer el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, luego de considerar que la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia (CDPC) ha sido “cobarde” con este caso.
“Creo que son unos cobardes. Esa comisión no está funcionando. Yo voy a esperar que el abogado del Cohep vaya a la Comisión de Competencia y reciba la resolución que han emitido. La verdad es que no se a quiénes defienden, si defienden a algún interés particular o no”.
A finales de enero, el Cohep pidió a los comisionados de la CDPC un dictamen sobre la concesión del puerto Bocas del Henecán, ya que supone una violación a las leyes de competencia, en vista que uno de los oferentes ya administra las actividdades de Puerto Cortés.
Sin embargo, la CDPC no se ha pronunciado según Urtecho en tiempo y forma. Argumentó que es una cobardía, “porque no emiten las resoluciones que deben emitir conforme a lo que establece la ley”.
El próximo lunes el gerente de Asesoría Legal del Cohep, Gustavo Solórzano, se apersonará a la CDPC para documentar la respuesta. “Si no han resuelto adecuadamente interponer el recurso correspondiente” por inconstitucionalidad ante la CSJ.
Urtecho acotó que este caso “demuestra que la institucionalidad no está funcionando”. Primero será “ante ellos y después ante lo contencioso administrativo”, puntualizó. La concesión está por 20 años a un precio referencial de 87 millones de dólares, pero hasta ahora la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas (Coalianza) no ha procedido con el proceso.
Los empresarios argumentan que la competitividad del país estaría en riesgo si una empresa controla las actividades portuarias en el Atlántico y el Pacífico, ya que este tipo de extremos están vedados en base a la misma normativa de las Alianza Público-Privadas (APP) del 2011.
Esta concesión mantiene enfrentados a los empresarios, los comisionados de la CDPC y Coalianza. La semana anterior, la cúpula privada consideró como “una pesadilla” las actuaciones de los funcionarios de Coalianza y pidió el despido inmediato. (JB)