Por: Armando Cerrato
La democracia es por definición “el poder del pueblo” y en el caso de la democracia representativa que es la que se practica en Honduras, el pueblo que es soberano delega su soberanía en sus representantes electos popularmente de diferentes entes políticos, dedicados a la lucha por el poder, el cual se traduce en gobierno ejercido por tres elementos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Estos tres elementos se denominan poderes y el Ejecutivo que es el administrador de los bienes del Estado lo dirige el presidente de la rRepública y su Consejo de Ministros; el Legislativo es en realidad el primer poder del Estado, porque los diputados reunidos en el Congreso son los verdaderos depositarios de la soberanía popular, al ser los creadores de la ley que ponen límites legales y jurídicos a la convivencia social; el Judicial es el administrador de la ley y aplica la justicia que consiste en dar a cada quien lo que se merece.
Como el Poder Legislativo es el que norma la vida ciudadana, cada uno de sus integrantes se supone que actúa en beneficio de quienes le eligieron confiando en su integridad moral e inteligencia, no importa que sea profesional universitario o no, pues basta que sus intenciones vayan en beneficio del sostenimiento de la forma de gobierno y no en provecho propio o del grupo que le propuso y le elevó al alto rango de representación popular.
Es por ello que algunas mociones presentadas bajo el aspecto de democráticas, se tornan en anti emócratas, por no estar acordes con el beneficio del pueblo y de sus anhelos de perfeccionamiento de su forma político-jurídico de convivencia.
Tal es el caso de una moción propuesta por la denominada “diputada bailarina” (Doris Gutiérrez), tránsfuga de otras instituciones políticas y hoy militando en el Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD) aliado al partido Libertad y Refundación (LIBRE) como único modo de subsistir en la palestra nacional.
La moción “bailadora” se concreta a que en una nueva Ley Electoral y de las organizaciones políticas que contemplan elecciones internas en todos los entes enliza –posiblemente diez o más en este próximo proceso– sean autofinanciadas.
Al parecer la idea es beneficiosa para la economía del gobierno, ya que otras propuestas señalan que el Estado por su propia seguridad institucional debe ser el financista de las campañas electorales, para evitar que los partidos en contienda sean infiltrados por el crimen organizado con un poderío económico organizado, producto de sus actividades ilícitas como aparentemente ha ocurrido en un pasado lejano y cercano.
Si los partidos políticos son financiados con fondos del Estado es más fácil para la Comisión de Transparencia de las campañas de los partidos políticos ejercer control, incluso sobre las donaciones de particulares y empresas simpatizantes que han tenido por costumbre dar dinero a los candidatos a puestos de elección popular, no por bondad, si no como una inversión para favorecer sus intereses reintegrando esos fondos con favores de gran rentabilidad aún a costas de impunidad a actuaciones verdaderamente delictivas en el campo económico.
Por tal razón no creemos que la moción aparentemente democrática haya sido presentada de buena fe, sino más bien pensando en contradecir por ánimo figurativo la posición democrática de la mayoría de legisladores que piensan en la modernización del sistema electoral que debe ser transparente y manejado con manos limpias.
Será el juicio de la historia el que juzgará en definitiva la actuación de los ciento veintiocho legisladores que tienen en su haber la decisión de transformar el sistema de los procesos electorales en esta nación digna de mejor suerte.
Licenciado en Periodismo