Por Carlos Medrano
Periodista
La exoficial de Policía y diputada de Libre en el Congreso Nacional, María Luisa Borjas, en un afán enfermizo de protagonismo mediático, ha sido condenada por acusar al banquero Camilo Atala sin tener una tan sola prueba de sus aseveraciones, lo que evidencia su enorme irresponsabilidad al emitir juicios sin la sustentación del caso.
La señora Borjas por fin, encontró a alguien que la puso en orden, se sentó un precedente para todos aquellos que abusando de su libertad, emiten acusaciones o afirman hechos que no pueden comprobar, en este caso, la policía retirada, afirmó que el banquero Atala había sido el autor del crimen de la ecologista Bertha Cáceres, sin tener absolutamente ninguna prueba de su imputación.
La “deslenguada” congresista fue condenada a dos años y 8 meses de prisión por el delito de Injurias Constitutivas de Difamación, pero como este delito es de carácter conmutable, Borjas podrá pagar 10 lempiras diarios por su pena, equivalente a Lps. 9,730.00.
Soy amante de la libertad de expresión, es un principio y derecho inalienable, son parte de los derechos humanos de toda persona que habita en el globo terráqueo, pero dicha libertad también tiene límites, tiene restricciones, porque de lo contrario se vuelve libertinaje.
A la inconsciente expolicía, le he escuchado expresiones como que el exministro Óscar Álvarez tenía una finca en Texas que costaba varios millones de dólares, o que Óscar Álvarez y Armando Calidonio estaban involucrados en actos ilegales durante estuvieron en cargos del Ministerio de Seguridad.
En cierta ocasión la escuché diciendo que Hilda Hernández, hermana del Presidente hondureño, no estaba muerta, conjeturando con una serie de hechos, de nuevo sin presentar pruebas de tan atrevidas afirmaciones, a tal grado que afirmó que la malograda alta funcionaria de la presente administración, estaba en otro país.
Borjas hasta ahora había salido bien librada, pues nadie le había “parado bola”, ignorándola en su afán de liderar a la opinión pública, pero todo tiene un límite.
Muchas personas merecen castigos ejemplares en relación con esta temática, han utilizado su posición para denigrar, para botar honras, para herir sin remordimiento, solo obedeciendo a sus intereses económicos, políticos y malintencionados.
Existe un debate en la sociedad hondureña referente a, si los delitos de calumnia y difamación son merecedores de cárcel, en lo particular considero que la prisión es una medida extrema para posiblemente una ligereza y un apasionamiento en el momento de dirigir un programa o dar una declaración.
Pero la verdad es que las sanciones deben ser aleccionadoras, que todos los que se atreven a hacer una acusación por muy discreta que sea, que tenga los más mínimos límites de la decencia, presentando pruebas o indicios de su acusación, pues de lo contrario estaríamos cayendo en una carnicería pública de consecuencias que denigran al ser humano.
La lección está emitida, la congresista perteneciente al partido Libre, deberá medir su lengua, deberá reconsiderar su comportamiento público, porque podría terminar en la cárcel.
Una persona íntegra y honesta, no anda difamando y calumniando a diestra y siniestra a sus contrarios, a sus enemigos u objetivos mediáticos, una persona correcta debe de tener pruebas de su acusación, debe tener elementos fehacientes de que su acusación tiene indicios de corrupción.