LA semana anterior en el pleno del Congreso Nacional aprobaron por unanimidad una moción presentada por uno de los diputados para que “la Comisión Legislativa de Salud se avoque a la Secretaría del ramo, a fin de que haga cumplir la ley y regule los cobros excesivos en hospitales y clínicas privadas del país”. Como argumento de su moción dijo que “no es posible que una gasa en una farmacia tiene un precio y en un clínica privada, en servicio de emergencia, cuesta el doble o el triple. La moción es un buen comienzo, aunque dudamos que ello producirá cambios significativos en los montos desmesurados que le cargan al cliente en muchos centros de asistencia particulares. Bajo el amparo que funcionan bajo la regulación de Código de Comercio, como negocio particular, ponen los precios al gusto. No es mucho lo que pueda hacer ni la Comisión de Salud del Congreso ni la Secretaría del ramo para auxiliar a los cientos de miles de pacientes que acuden a las clínicas privadas. (En los centros asistenciales públicos es otra cosa, pero en empresas que operan como sociedades mercantiles, no hay patrones limitantes a los precios que exigen por el servicio que prestan).
No existe regulación, ni nada que autorice al gobierno para auditar lo que sucede en esos hospitales y clínicas privadas. Aunque tratándose de la salud de la gente, deberían existir normas mínimas que eviten los atracos. Porque el Estado reconoce el derecho de protección de la salud. Como decíamos ayer en un artículo que publicamos sobre este tema. Alguna norma debería haber para regular los cobros tanto por la atención médica que reciben los dolientes, por el costo de los exámenes clínicos, el uso de los aparatos que les enchufan, de las medicinas y demás insumos exigidos en el tratamiento. Incluso lo que facturan por el uso de los quirófanos y aparatos clínicos que ocupan para diagnosticar. Tantas veces hemos escuchado gente que pasó por esos ajetreos quejándose que les cobraron hasta por la mirada. Sucede que quien va enfermo, o lleva a un familiar delicado, no piensa en ese momento lo que pueda costarle la atención que urgentemente necesita. En ese estado de fragilidad, lo material es lo de menos, aunque adelante tenga que empeñar la vida para cancelar facturas. Que hay avenidas para corregir estos abusos, claro que sí las hay. Así como legislaron para dar descuentos en las medicinas que se venden en las farmacias –que funcionan como empresa privada– a los viejitos de la tercera y de cuarta edad. Lo que deben hacer los diputados es presentar una iniciativa de ley contentiva de estas regulaciones.
Está bien que lo hagan socializándola con el Colegio Médico y la Secretaría de Salud, que alguna aportación pueden hacer al texto de las normas orientadas a aminorar los costos de atención en los centros privados de salud. El Colegio Médico por cuenta propia debiese concientizar a sus socios sobre la ética en el cobro de honorarios y consulta por los servicios médicos que dispensan a sus pacientes. Pero un mínimo de regulación es necesaria. (Digamos que los médicos cobren allí en los hospitales lo que tasan por consulta en sus prácticas privadas. Que no inflen los precios de los exámenes de laboratorio ni de los medicamentos). Ninguna clínica particular va a cerrar por regulación prudente que se emita para hacer más asequible la salud privada a los pacientes. Solo se ocupa moderación, para que médicos no manden recibos solo por ir a enseñar su linda cara y tanto el servicio prestado como las medicinas, exámenes y materiales tengan relación con el valor real del mercado. Buen intento el de los diputados, pero esos excesos no los corrigen con una moción. Preparen el proyecto de ley y la presentan. Allí que se arme el debate.