Por Óscar Lanza Rosales
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A finales de enero, se ha dado a conocer el controversial informe anual del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, por parte de Transparencia Internacional (TI), elaborado a base de encuestas a expertos y empresarios, esta vez en 180 países.
Un índice que trata de captar: el soborno, la malversación de fondos y el nepotismo en los diferentes países; si existen leyes contra la corrupción, y si se aplican; la influencia de grupos de interés en el gobierno; y si los contratos públicos son otorgados por concurso o si están protegidos por la ley.
En el ranking 2018 -cada país se valora desde cero (completamente corrupto), a cien puntos (sin corrupción)-, los más transparentes son Dinamarca, con 88 puntos, seguida por Nueva Zelandia (87); y Singapur, Suecia y Suiza con 85. Por regiones, de 6 bloques a nivel mundial, lidera Europa occidental, con una puntuación promedio de 66, seguida de Asia-Pacífico y América, ambos con 44 puntos.
Los peores resultados los obtienen cinco países. Cuatro de ellos, afectados por largas guerras civiles: Somalia (10), Siria (13), Sudán del Sur (13), Yemen (14) y Corea del Norte (14). Según el índice, la región más corrupta es África subsahariana (32), en cuyos países “las instituciones ineficaces y los débiles valores democráticos, representan una amenaza para la anticorrupción”.
Según el informe, América continúa sin lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción. Canadá, es el país mejor calificado con 81 puntos, seguido por Estados Unidos (71) y Uruguay (70). Y con los peores resultados de la región, Venezuela (18), Haití (20) y Nicaragua (25).
En Centroamérica, la percepción es que la corrupción aumentó en las instituciones públicas, en todos los países de la región, con excepción de Panamá, donde se mantuvo igual que 2017, y en El Salvador, donde disminuyó levemente, debido a que su Poder Judicial está promoviendo la investigación y el enjuiciamiento de casos de corrupción cometidos por personas de alto nivel, incluidos expresidentes.
El informe revela algunos hallazgos interesantes en el presente año: que los países democráticos, con algunas excepciones, alcanzaron un promedio del IPC de 75 puntos, frente a los regímenes autocráticos que se quedaron en 30. Según TI, los ejemplos de Turquía o Hungría demuestran que la corrupción suele aumentar conforme un país comienza a alejarse de los valores democráticos. Entre 2012 y 2018, Hungría perdió nueve puntos y Turquía ocho.
Otro hallazgo, es que los políticos populistas son más bien una amenaza para la lucha contra la corrupción. El informe cita entre otros, el caso de Estados Unidos. Trump cuando ganó las elecciones, prometió “secar la ciénaga de la corrupción”, sin embargo, su gobierno ha sido más permeable a este mal. Estados Unidos perdió cuatro puntos en el ranking en 2018. Esto se debe a que los principios democráticos se ven cada vez más cuestionados en el país, donde se ha producido una “erosión de las normas éticas en los niveles más altos de poder”.
De ahí el atinado comentario de la presidenta de TI, Delia Ferreira Rubio: “Que la corrupción florece especialmente cuando los cimientos democráticos se debilitan y -como hemos visto en muchos países- los políticos populistas utilizan eso en su provecho”.
En el caso de nuestro país Honduras, salió con una calificación de 29 puntos, y es considerado con Guatemala (27), como los dos países más corruptos de Centroamérica, y su calificación corresponde a un gobierno autoritario y con enfoque populista.
Continúan los sobornos -TI señala que un 33% de los hondureños, admite haber pagado sobornos para acceder a servicios básicos- el desvío de los recursos públicos, el nepotismo, los conflictos de intereses y las compras públicas no transparentes.
Existen muchas leyes e instituciones (CNA, TSC, IAIP, MACCIH, Política Limpia, PGR, CDPC, fiscalías y juzgados) contra la corrupción, pero no han logrado eliminarla y ni siquiera reducirla.
No avanzamos a pesar que Por una Sociedad más Justa (ASJ) es un capítulo de TI en Honduras, que ha hecho su esfuerzo, pero que todavía no se ven sus frutos, probablemente porque se ha pegado demasiado al gobierno actual.
Como la posición de un país en el IPC se ha convertido en un referente para los hombres de negocios para invertir, por ese motivo es que no viene la inversión extranjera a nuestro país, porque una calificación de 29, además de significar un alto nivel de corrupción, es sinónimo de crisis democrática, mala gobernanza, pobreza, bajo desarrollo humano, entre otros.
Así que la única alternativa que tenemos es ¡cambiar el chip hacia la transparencia!