ESTO es puyar al macho con vara corta. Autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), informaron que aplicaron un reajuste en la tarifa del peaje en el Corredor Logístico que comprende la carretera CA-5. Como la gente no sabe nada de estas concesiones que se dan a transnacionales, porque al momento de suscribir los contratos trancan las negociaciones con candado, hasta ahora el público se entera que le dieron el privilegio de revisar anualmente las tarifas. Las razones para hacerlo no se saben. No se explican cuáles factores inciden para que la compañía pueda atracar al público subiendo el costo de pasar por esas casetas. Esa concesión del peaje fue cuestionada desde el inicio, ya que permitieron a la empresa cobrar incluso por retazos de carretera que no construyeron. Varios tramos fue obra realizada con financiamiento dado al país gracias a otros programas de asistencia que brinda la comunidad internacional.
El director de la empresa solo dijo que, “podemos confirmar que conforme al contrato de concesión en el Corredor Logístico un reajuste tarifario se aplica todos los años en el mes de enero”. ¿Por qué tiene que haber reajuste todos los años sin que haya razones que lo justifiquen? Digamos, costos adicionales incurridos. Solo porque hay una cláusula que les permite incrementar el cobro no significa que se trata de algo que deba ocurrir automáticamente. “El pago por concepto de peaje para vehículos livianos ahora es de 22 lempiras, 87 lempiras para vehículos con dos ejes, 130 lempiras para tres ejes, 173 lempiras para cuatro ejes, 216 lempiras para camiones con cinco ejes y 260 lempiras para carros pesados con seis ejes”. “Los precios anteriores eran de 21 lempiras para carros livianos, 82 lempiras para vehículos de dos ejes, 123 lempiras para tres ejes, 165 lempiras para cuatro ejes, 206 lempiras para cinco ejes y 247 lempiras para seis ejes”. Lo único que aclaran es que, “estos cobros son necesarios para seguir dándole asistencia y mantenimiento a la carretera”. ¿Quién dice? Si el contrato que les dieron conlleva la obligación de dar mantenimiento a las carreteras, y eso no se traduce a que anualmente obligatoriamente deben cobrar más por hacerlo. Aparte de ello esa empresa no se ha preocupado por hacer imagen institucional. O por proyectarse a las comunidades. Deducirán que solo porque son una empresa con sello extranjero, que vino de otro lugar, la gente tiene que tener buena impresión de ella. No es así. La imagen se hace, se promociona, se gana y se mantiene. No se asume que el público tiene la obligación de asimilar que prestan un servicio necesario.
Se desconoce proyección social alguna que haya tenido la empresa dedicando a obras comunitarias invirtiendo parte de la alta rentabilidad obtenida de la concesión. No hay campañas promocionales para educar al público sobre las ventajas que, a su juicio, obtiene el país al concesionar las carreteras a la iniciativa particular. No hay mayor resistencia de los conductores que transitan por las carreteras a pagar peaje, cuando se trata de precios justos y no de tarifas excesivas. Lo que incomoda al público son los abusos. El gobierno debe poner manos en el asunto y revisar esa concesión ya que la agitación que pueda derivarse de ese ajuste desmedido de los cobros afecta la tranquilidad social. La gente anda de mírame y no me toques.