Por José María Ramírez Romero
Las organizaciones magisteriales contemporáneas en Honduras resurgen en 1963 alrededor de una reivindicación salarial. En torno a esa primera batalla los educadores emprenden su construcción organizativa que, definidos por sus siglas, ese año se funda el COLPROSUMAH e inmediatamente surge el PRICPHMA. Hasta 1969 se estructuran los docentes del nivel medio agrupados en el COPEMH y en ese mismo período aparece el COPRUMH. En 1979 se organiza el SINPRODOH y en 1982 COLPEDAGOGOSH. Son seis las organizaciones magisteriales con alrededor de sesenta y seis mil profesores en el sector oficial, más unos quince mil en el sector privado y cerca de 17 mil maestros jubilados que se estructuraron inmediatamente después que se fundara lo que hoy es el centro de jubilaciones docentes el (INPREMA), que empezó a deducir a todos los educadores porcentajes de sus sueldos para pensionar, desde el 1° de julio de 1971. A esto debemos agregar unos veinte mil educadores desempleados. Cada gestión magisterial tiene sus propias características en cuanto al perfil de sus afiliados: profesores con especialidad en educación primaria, en educación media y superior, docentes sin título profesionalizándose, pedagogos egresados de la UNAH, desempleados y otros muy propios de esta carrera.
El aspecto laboral se venía perfeccionando a través del tiempo con el fin de evitar las grandes movilizaciones magisteriales en pro de aumentos económicos y mejores condiciones de trabajo con los alumnos para mejorar la calidad. Para eliminar estas constantes sacudidas sociales paralizantes del nervio educativo, se creó el Estatuto del Docente Hondureño por decreto legislativo, aprobado en 1997 durante el gobierno del doctor Carlos Roberto Reina.
El cumplimiento de la ley trae paz a las naciones y en el caso educativo es igual: el incumplimiento del estatuto pactado entre gobierno y educadores por decreto legislativo, desajusta la función docente prevaleciendo las ilegalidades, las tensiones arraigadas y el estado represivo.
Los gobiernos posgolpe no le han dado cumplimiento al estatuto de los educadores cuestión que amerita correctivo inmediato para normalizar el desarrollo educativo.
En diciembre recién pasado se reunieron todos los representantes de las organizaciones de docentes activos con el Presidente de la República en funciones, acordando reajustar los sueldos con un bono de mil lempiras mensuales a partir de enero de 2019, que, después de diez años de congelamiento salarial equivalen a seis lempiras con cuarenta centavos (Lps. 6.40), con un promedio mensual en diez años, de cero punto sesenta y cuatro lempiras la hora clase (Lps. 0.64). Para evitar estos sarcasmos sociales al cuantificar ajustes de sueldos, las partes tienen que fundamentarse en los mandatos legales que ordena el Estatuto del Docente Hondureño.
Estamos convencidos que el presupuesto asignado a educación es demasiado bajo respecto a otras aristas gubernamentales que han crecido exageradamente, no obstante su mínima repercusión social. Este es otro de los factores que reducen los emolumentos a los trabajadores de la educación.
Ese bajo presupuesto deriva en desmotivaciones y ha resucitado al ausentismo estudiantil en las aulas, la deserción y repitencia escolar; ha propiciado el deterioro físico de la infraestructura educativa; ha desproveído a los centros escolares de material didáctico y ha eliminado las capacitaciones a los educadores afectándose profundamente la calidad educativa.
Ahora que estamos estrenando ministro, se presenta un clima propicio para empezar a solucionar en paz la problemática educativa muy alejada de los avances (ya atrasados) en los países vecinos.
Para evitar conflictos en el ejercicio docente de los hondureños, lo mejor es que las autoridades de turno se rijan por lo que indica desde el ángulo legal el estatuto de los educadores.